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Ya son 4 años del mayor ecocidio

Pavlovich exige a la Federación obligar a Larrea a resarcir daños por derrame tóxico

Grupo México ha dejado en el aire a 22 mil afectados, reprocha la gobernadora de Sonora

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▲ Niños de Arizpe observan los daños en el río Sonora, temerosos de que por el contacto con sustancia tóxicas derramadas por la minera puedan sufrir cáncer.Foto Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 7 de agosto de 2018, p. 12

Hermosillo, Son.

El gobierno federal debe exigir al consorcio minero de Germán Larrea que cumpla con los compromisos pactados con los 22 mil afectados por el derrame de lixiviados al río Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, reclamó la gobernadora, Claudia Pavlovich Arrellano, este lunes, al cumplirse cuatro años del ecocidio más grande en la historia de México.

Exijo a la Federación que haga cumplir a la empresa minera los compromisos ya establecidos, ni más ni menos; nosotros hicimos lo que nos correspondía como gobierno del estado, afirmó.

La mandataria destacó que hay opacidad el manejo de recursos del Fideicomiso Río Sonora, al que Grupo México otorgó 2 mil millones de pesos, de los cuales 40 por ciento quedó congelado. Siempre ha habido opacidad en el manejo de recursos del fideicomiso, es un reclamo social muy válido al que me uno, manifestó.

El recurso otorgado por la firma trasnacional fue administrado por Rodolfo Lacy Tamayo, funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), dependencia que aprobó su congelamiento y declaró sin estudios ni justificación el saneamiento total de los ríos contaminados Bacanuchi y Sonora, lo que se acotó en el quinto Informe del presidente Enrique Peña Nieto.

Pavlovich Arrellano señaló que la zona rural afectada por el derrame fue incluida en la agenda del Congreso local, para promover el rescate económico y turístico en el río Sonora.

En junio de 2016, el consorcio Grupo México cerró la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental (Uveas), dejando sin atención médica a los 381 afectados por su contacto con metales producto del derrame en el río Sonora, además que incumplió con el compromiso de monitorear las fuentes de abastecimiento de agua en la región.

De las 36 plantas potabilizadoras ofrecidas sólo se han instalado tres, y ninguna de ellas funciona, porque Grupo México se niega a cubrir con los costos de su operación.

El derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos al río Sonora afectó a alrededor de 25 mil habitantes de los ocho pueblos que dependen de él: Arizpe, Aconchi, San Felipe, Baviacora, Banamichi, Ures, Huepac y Hermosillo.