El gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, incumplió los requisitos estatutarios del Fraccionamiento Bosques Santa Fe y trató de que se le inscribiera a él y a su familia como socios del club de golf, sin haber solicitado y obtenido la autorización del consejo de administración, además de que la sociedad inmobiliaria consideró que el mandatario estatal simuló la compra de sus acciones, porque en el contrato no se hizo alusión alguna al precio que supuestamente se pagó por ellas.

De acuerdo con la sentencia emitida por el quinto tribunal colegiado en materia civil del primer circuito sobre el litigio con los representantes del Fraccionamiento Bosques Santa Fe, el mandatario tamaulipeco firmó el contrato de compraventa del departamento que posee sin cumplir lo que estipulan los estatutos de dicha sociedad en su apartado octavo, que a la letra mencionan:

“Octava. La transmisión de las acciones podrá hacerse libremente siempre y cuando el adquirente a) Obtenga la autorización por escrito del Consejo de Administración en los términos del artículo 130 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, y b) Acredite la propiedad de algún lote de terreno, casa o unidad condominal en el desarrollo y observándose lo dispuesto por la cláusula sexta de esta escritura.

Una vez cubierta la condición anterior, se deberá notificar por escrito a la sociedad para efecto de inscribir la misma en el libro de accionistas, previa comprobación por el adquirente del cumplimiento de las obligaciones que establezcan las leyes fiscales, en su caso. La adquisición de acciones no dará derecho a su titular a usar las instalaciones, establecimientos, locales y demás activos de la sociedad, ya que para esto se requiere la resolución previa y por escrito del Consejo de Administración.

Ahora, corresponderá a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)determinar si el mandatario de Tamaulipas, de extracción panista, convence a los ministros de que fue objeto de trato discriminatorio y obligan al fraccionamiento a que le permita acceder y disfrutar de todas las instalaciones del club de golf.

El litigio se inició en 2016, año en el que asumió el cargo de gobernador de una de las entidades más violentas del país.