La clonación de vehículos, ropa y hasta rotular con leyendas como Marina o Sedena a chalecos antibalas forman parte de las estrategias que grupos de la delincuencia organizada, como el cártel del noreste, Los Zetas y la organización de los Beltrán Leyva han utilizado para realizar levantones o instalar retenes en carreteras en los que extorsionan a viajeros o transportistas, son la causa por la que se culpa a integrantes de las fuerzas armadas, señalaron mandos del Ejército y la Armada de México ante lo que consideran campañas de desprestigio para que se retiren de zonas conflictivas como Nuevo Laredo, Michoacán y Guerrero.

Esta actividad no es nueva, señalaron los entrevistados, y mencionaron como ejemplo que en agosto de 2017, en Matamoros, soldados aseguraron un inmueble utilizado por grupos delictivos como centro clandestino de adiestramiento, ahí hallaron un taller en el cual se pintaban camionetas tipo pick up con colores y balizamientos similares a los de la Semar y a los vehículos que utilizan los efectivos del Ejército, además de ropa con camuflaje y chalecos antibalas con leyendas de la Semar y Sedena.

En marzo pasado, tras un enfrentamiento en Nuevo Laredo, cinco hombres fueron abatidos por integrantes de fuerzas federales; una vez concluida la refriega, las autoridades descubrieron que portaban chalecos, uniformes y conducían unidades clonadas con rótulos de las fuerzas armadas.

En septiembre de 2017, una patrulla de la Policía Militar fue atacada en Teloloapan, Guerrero. El vehículo de los agresores era una camioneta pick up con el número 0826305, que supuestamente lo identificaba como uno del 26 batallón de infantería; sin embargo, no correspondía a la corporación castrense y en su interior se localizaron copias de uniformes de campaña, botas, chalecos tácticos y antibalas con la leyenda Ejército Mexicano.

Los mandos entrevistados señalaron que no es la primera ocasión en que integrantes de las fuerzas armadas son señalados como responsables de la desaparición de personas, como ocurre actualmente con 28 ciudadanos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que en realidad se trate de militares o marinos, pero eso ocasiona descrédito en la actuación contra los grupos delictivos con presencia en esas zonas, o bien que haya manifestaciones financiadas por las bandas, como ocurrió en Sinaloa tras la detención de Joaquín El Chapo Guzmán Loera o recientemente en Ciudad Guzmán, Jalisco.

Ante eso, los mandos castrenses dijeron que es necesario que tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como las procuradurías estatales realicen investigaciones a profundidad y se sancione a los responsables de esos delitos, y si incurrieron integrantes de las fuerzas armadas también sean llevados ante los tribunales.