En los próximos días, una juez federal emitirá la sentencia del juicio penal que se sigue a dos militares acusados de cometer tortura, violación y abuso de autoridad en contra de Valentina Rosendo Cantú, lo que significa una oportunidad histórica para demostrar que los elementos de las fuerzas armadas no están por encima de la ley, señalaron diversas organizaciones internacionales de derechos humanos.

En un comunicado conjunto –firmado entre otros por la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México y Acción Cristiana para la Abolición de la Tortura–, los colectivos destacaron que el de Valentina Rosendo es un caso paradigmático que demuestra la violencia en que han incurrido soldados contra la población civil.

La indígena me’phaa fue víctima de tortura sexual por parte de elementos del Ejército en febrero de 2002, cuando tenía 17 años de edad, lo que generó que en 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera una sentencia en contra del Estado mexicano por lo que se denominó violencia institucional castrense.

Los organismos internacionales destacaron que el de Valentina Rosendo fue el primer caso de tortura sexual cometido por soldados que ameritó un fallo de este tipo, y que ahora será juzgado en el fuero civil ordinario del país bajo un encuadre de los delitos correctos, lo que sentará un precedente para casos similares.

Además de poner a prueba la capacidad del Estado mexicano para llevar a la práctica las reformas al Código de Justicia Militar aprobadas en 2014 –que impiden que violaciones de derechos humanos cometidas por soldados sean investigadas por cortes castrenses–, se tiene la oportunidad de sentar jurisprudencia sobre la calificación de hechos como tortura sexual.