El juez Gerardo Moreno García, con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte, autorizó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) entregue a la Procuraduría General de la República (PGR) informes financieros de 23 empresas fachada vinculadas a los procesos penales que se siguen contra del ex gobernador de Veracruz, Javier N, por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 31 de enero, el mismo juez negó al Ministerio Público Federal la presentación de un nuevo informe financiero elaborado con datos de la CNBV en los que se relaciona con compañías y personas que colaboraron en presuntos desvíos del ex mandatario, para establecer la manera en que se realizó el desvío de recursos públicos a través de testaferros y empresas fachada.

La defensa obtuvo una prórroga

En enero pasado, la defensa obtuvo un plazo de seis meses de prórroga para presentar pruebas a favor de su cliente, como parte de la investigación complementaria que vence el próximo 31 de julio, ya que los litigantes argumentaron que el Ministerio Público Federal (MPF) intentaba recabar información de la CNBV que ya existía en el expediente.

Pretende disfrazar un saneamiento haciendo ver como una solicitud técnica de investigación con una autorización judicial. Es una falta a la lealtad, pues toda y cada una de las indagatorias que se piden ya están incluidas en la carpeta de investigación, dijo en ese entonces Marco Antonio del Toro, quien fungía como abogado defensor.

En cambio, ayer el juez avaló la petición que realizó la agente del Ministerio Público Federal, Nely Nabor Alvarado, y concedió que la CNBV entregue a la PGR la información financiera relacionada con la transferencia de recursos públicos que se hicieron llegar a Moisés Mansur Cysneiros y Alfonso Ortega López, identificados como prestanombres o bien operadores financieros de Javier N.

Los recursos sobre los cuales la procuraduría busca conocer de manera detallada fechas y montos de traspaso ascenderían a más de 500 millones de pesos e involucra, entre las operaciones realizadas, la adquisición de terrenos ejidales en Campeche que sirvieron para construir un desarrollo inmobiliario de lujo.