l movimiento médico nacional –abril 2018– aglutinó facultativos en general, colegios de especialidades y profesiones afines solidarias con el médico Luis Pérez, recluido en un penal oaxaqueño al imputarle –el archicuestionado fiscal Vasconcelos– probable responsabilidad en el lamentable fallecimiento del pequeño Edward Luna, a quien practicara cirugía por fractura, asistido por una anestesióloga. La presión gremial forzó su liberación para que llevara su proceso excarcelado. Pero el asunto está abierto. Prosigue su curso legal. La opinión pública aguarda explicaciones sobre lo que realmente ocurrió.

La atención tuvo lugar en el hospital privado Del Valle, después de que no pudiera celebrarse en el Centro de Salud público San Francisco Telixtlahuaca (por ser de atención básica) y, luego, en el Hospital General público Aurelio Valdivieso (por paro médico, debido a falta de material-medicamentos para prestar el servicio).

Con el antecedente del repudio gremial a la iniciativa Narro para establecer una Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica (2016), la convocatoria de protesta defensiva y su bandera contra la criminalización del acto médico buscó poner –nuevamente– sobre la mesa las condiciones de insuficiencia en que éste se desempeña, antes y durante el peñismo que, optimistamente ofreció universalidad y una nunca presentada reforma de la salud, a pesar del escandaloso cuadro carencial en recursos humanos/insumos/equipos y medicamentos.

Pero la tibieza de la intervención del gobierno federal evitó arriesgar la precaria estabilidad política que prevalece en el sector y despreció la posibilidad de abrir el debate que usuarios, pacientes y profesionales exigen para revertir las condiciones en que labora el frente de operación: médicos, enfermeras y profesiones afines responsables directos del servicio. No se interesó por él.

Por su parte, la gran convocatoria tampoco fue capaz de erguir una plataforma programática a la altura de lo que ya debate el frente de operación, sus pacientes y usuarios en la red pública-privada.

Ello confirma un gran pendiente: los liderazgos sanitarios hasta el momento no han logrado ubicar su mensaje programático –adecuado y oportuno– ante la opinión pública, usuarios, pacientes, así como todos los intereses legítimos que animan la arena de la política pública.

Porque el destinatario principal de ese mensaje es la ciudadanía y su opinión pública, no el gobierno federal, ni –mucho menos– el Poder Judicial. El poder de la convocatoria que logró –por el momento– la liberación del doctor Pérez y la revisión de la inculpación, en muy poco favorece a que la población usuaria y la opinión pública dispongan de información y elementos para discernir entre lo que compete al deterioro-carencial en que se prestan los servicios y aquello que pudiera –eventualmente– reputarse como una incompetencia o, incluso, dolo como se difundió irresponsablemente en medios de comunicación. Menos aun, si ese mensaje se escuda en artilugios legales o traspasa la emisión a las cada día más numerosas asesorías jurídicas especializadas.

La fractura en la relación médico-paciente, el otro gran mensaje de la amplia convocatoria, también deriva directamente de ese marco carencial, rezago que los servicios acumulan desde 1982: ya hace 36 años. La responsabilidad profesional y las sanciones por la supuesta mala praxis no le son ajenas. Es claro, también, que la opinión pública está atenta al contenido específico del mensaje gremial en esta materia.

Como siempre las redes sociales cumplieron difundiendo y sensibilizando. Pero la naturaleza de esta oralidad digital no tenía porqué sustituir el contenido preciso de ese sólido mensaje gremial –para toda la población– emitido desde sus liderazgos representativos.

Al fin y al cabo, el delicado contencioso de la calidad médica no puede, pretextando gran demanda y que la atención se ha vuelto mecánica y deshumanizada, resolverse vía la iniciativa legal que busca aprobarse para establecer una Comisión Federal para la Regulación y Vigilancia de los Establecimientos y Servicios de Atención Médica que trasladaría la responsabilidad de la autoridad sanitaria ahora a los prestadores directos: médicos, enfermeras y profesiones afines. Con ella, la Secretaría de Salud diluiría su obligación constitucional para recargarla, ahora, en las negligencias que ya no serán atribuidas al lamentable estado de la red sanitaria nacional, sino a cada una de esas personas profesionales que atienden.

Al incumplir el Estado con su obligación constitucional de garantizar condiciones óptimas para la celebración del acto médico y la debida atención con calidad, esa omisión transferiría de facto a las profesiones las implicaciones de un sistema incapaz de atender las necesidades reales de la ciudadanía. Significaría tratar de una manera diferente, mucho más enérgica, a los equipos de salud que –ahora bajo la figura de prestadores– brindan los servicios.

La precipitada celebración sobre el dictamen de la Comisión de Salud referente a la iniciativa del diputado panista Elías Íñiguez (26/4/18) que –adicionando disposiciones de la Ley General de Salud en materia de descriminalización del acto médico–, indica que no se considere como conducta delictiva aquella que provenga del ejercicio de la actividad de los profesionales de la salud legalmente autorizados, siempre y cuando proceda consentimiento expreso y documentado que haya establecido la posibilidad o advenimiento de alguna complicación en el estado de salud del paciente, deja intacta la materia en el plano judicial-penal, sin alterar tampoco el carácter punitivo de la Comisión-Narro y sin garantizar peritajes especializados capaces de imputar responsabilidades médico-científicas.

La calidad que merecen los mexicanos no se gana a costa de sancionar nobles profesiones.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco