Madrid.

Los pensionistas españoles no cejan en su lucha y advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta que se cumplan sus exigencias. Este lunes decenas de miles volvieron a marchar para exigir un cambio en la postura del gobierno que encabeza Mariano Rajoy.

La revolución de los pensionistas crece al paso de los días, mientras desde las instituciones financieras –sobre todo el Banco de España– se confirmó que se mantendrá en 0.25 por ciento el incremento a las pensiones, que es el principal motivo de la protesta.

Fue en la ciudad de Bilbao donde comenzó este movimiento. Cientos de jubilados se concentraban todos los lunes en una protesta que fue creciendo hasta convertirse en una movilización nacional masiva sin vínculos con partidos políticos y con exigencias concretas. Una de ellas, incrementar el monto de las pensiones al ritmo de la inflación, para que no pierdan poder adquisitivo.

La Coordinadora en Defensa del Sistema Público de Pensiones insistió en que actualmente se promueve una política que favorece pensiones miserables y acusó al gobierno español de robar y mentir.

En otro orden, los políticos independentistas de Cataluña que están presos desde el pasado octubre fueron notificados este lunes por el juez instructor, Pablo Llarena, del Tribunal Supremo, que serán procesados por el delito de rebelión.

Los dirigentes arremetieron contra el magistrado y, en cuanto al delito de malversación de recursos públicos, aseguraron que no se dedicó ni un solo euro del presupuesto al proceso soberanista, declaró el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, quien a pesar de estar en la cárcel aspira a ser investido presidente de Cataluña, acusó al juez Llarena de falta de objetividad y le recriminó que ignore el escrito del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que dio entrada a una petición de su organización para que indague si se vulneraron sus derechos políticos.

Los líderes independentistas dijeron ser víctimas de un proceso político.