El caso del asesinato de Miroslava Breach, del cual se cumple un año este viernes, representó no sólo una sacudida para la sociedad sino también para las autoridades federales y del estado de Chihuahua, sostuvo Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

El homicidio de Miroslava, así como el de Javier Valdez –ambos corresponsales de La Jornada en Chihuahua y Sinaloa, respectivamente–, son casos emblemáticos, dijo, de los fenómenos de inseguridad y violencia que padecen los periodistas en distintas zonas del país.

Ha significado una sacudida de lo que representa atentar contra una comunicadora que desde la libertad de expresión defendía los derechos humanos. Es una sacudida porque estremeció la consciencia, por un lado, de la sociedad que vio (el crimen) con asombro, pero también de las autoridades, que las motivó por lo menos a que trataran de ponerse de acuerdo para contender con el fenómeno de inseguridad y de agresión a los periodistas, señaló en entrevista con La Jornada.

Estos casos deben de motivar a las autoridades a agotar todos los recursos legales para su esclarecimiento, agregó el ombudsman.

Explicó que la CNDH ha dado seguimiento al caso del asesinato de Miroslava Breach y ha entablado conversaciones tanto con los familiares de la periodista como con los representantes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, de la Procuraduría General de la República (PGR), y de la Fiscalía General de Justicia de Chihuahua.

González Pérez se pronunció en favor de que la Feadle atraiga el caso y adelantó que se solicitará a las dos fiscalías que realicen una investigación conjunta para sumar esfuerzos en el esclarecimiento del crimen.

“Nosotros siempre hemos buscado en casos tan emblemáticos que se atraigan los casos. Nos llama la atención que hasta ahora se pida la atracción. En las dos averiguaciones hay un ejemplo de cómo la Federación y el estado tendrían que ponerse de acuerdo para articular esfuerzos… vamos a hacer el planteamiento a la PGR para tratar de articular esfuerzos. Es uno de los ejemplos en los que, cuando se siguen dos averiguaciones previas por cuerdas separadas, a lo mejor estamos diluyendo esfuerzos.”

También llamó a que se investigue a todos los posibles involucrados, sin importar su rol.

Entre los efectos que tuvieron ambos asesinatos se encuentra una reforma legal para que en las indagatorias de este tipo se retome la línea editorial y el contenido de las notas periodísticas como posible vínculo o móvil en las investigaciones.

También obligó a las autoridades federales a aceptar las recomendaciones emitidas por la CNDH.

Sin embargo, hubo demora para atender la recomendación y asumirla como tal. Qué bueno que se dio ese paso, pero ahora veamos que se ha hecho desde finales del año pasado, cuando se asumió ese compromiso.

Señaló que tanto en ésta como en otras recomendaciones emitidas por la CNDH las autoridades las aceptan pero retrasan su cumplimiento. Recalcó que de no retomarlas, no sólo no habrá justicia, sino que no hay garantías de que no se vuelvan a repetir asesinatos de este tipo.

No es que le incumplan a la comisión, sino que le incumplen a las víctimas, a los periodistas lesionados, a los defensores civiles afectados. Ese es el tema de las recomendaciones. La víctima no requiere de un papelito, sino de acciones concretas. El papelito no les sirve. Lo que mitiga o atenúa, porque no hay nada que pueda compensar la pérdida de una vida, es que se sepa la verdad, que haya reparación del daño, que haya responsables y garantías de no repetición, agregó González Pérez.

Acerca de las agresiones contra comunicadores, que suman, de acuerdo con cifras de la CNDH, 132 asesinatos de 2000 a la fecha, sostuvo que es responsabilidad de los tres niveles de gobierno crear una política integral para garantizar el derecho al ejercicio periodístico y que en las investigaciones se llegue a una conclusión, ya que la impunidad en el país se ha arraigado.