Con el tiempo encima, ya que la sentencia de la Suprema Corte obliga al Congreso a aprobar antes del 30 de abril la ley de propaganda gubernamental, ayer se comenzó a dictaminar en el Senado esa legislación, encaminada al uso racional y transparente de los recursos públicos destinados a publicidad en medios de comunicación.

La presidenta de la Comisión de Gobernación, la senadora del PRI Cristina Díaz, presentó el primer documento de trabajo, con base en siete iniciativas presentadas en la materia, en el que se indica que se debe limitar el gasto gubernamental en publicidad y comunicación social.

La nueva legislación debe impedir la discrecionalidad y discriminación con que se asigna la publicidad gubernamental, así como la falta de transparencia y rendición de cuentas.

La publicidad oficial no debe ser asignada para premiar o castigar los contenidos editoriales, se resalta en el documento, que plantea fijar criterios más allá del rating y de la cobertura, ya que en un país donde la concentración mediática es extrema, sólo profundizará esa concentración.

Los recursos publicitarios de-ben asignarse según criterios prestablecidos, transparentes y objetivos, que deberán evaluar distintos factores, tal como el perfil del público al que va destinada la campaña, los precios, la cir-culación, la audiencia del medio y distintos criterios de equidad.

Se propone elaborar un Padrón Nacional de Medios, en el que estén incluidos periódicos, revistas, estaciones de radio y televisión y plataformas digitales, y divulgar la recepción de los recursos publicitarios.

Asimismo, se propone crear un Consejo para el Seguimiento de la Publicidad Oficial, “que satisfaga la necesidad de conocer la medición imparcial e independiente sobre audiencias, rating, visitas a portales y la circulación de los medios de comunicación”.

Se define que los fines de la publicidad oficial deben ser el interés y utilidad públicos, por lo que su contenido debe ser informativo, útil y necesario y no debe, bajo ninguna circunstancia, promover la imagen de los funcionarios públicos, como lo establece la Constitución. Asimismo, se plantea derogar la disposición de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Elec-torales que permite canalizar publicidad a informes de labores o de gestión de servidores públicos.

De igual forma, se plantean controles externos de la publicidad oficial mediante un organismo regulador que no dependa de la Secretaría de Gobernación, sino que sea autónomo, un consejo ciudadano encargado de supervisar el cumplimiento de las nuevas normas y las sanciones.

Será obligatorio crear un programa anual de propaganda de la administración pública de la Federación y en los demás poderes. La nueva ley declarará conflic-tos de interés en el caso de medios creados por funcionarios a los que se les pretenda dar publicidad.