El sector privado del país exigió a los tres niveles de gobierno sacar las manos del proceso electoral y no hacer uso de las instituciones ni de los recursos públicos para afectar a algún candidato; además los insta a concentrarse en aplicar medidas ejemplares para acabar con la delincuencia y garantizar la paz y seguridad a la población.

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) exigió a los tres niveles de gobierno que apliquen medidas ejemplares para acabar con la inseguridad en el país, y garanticen la paz para las empresas y los ciudadanos en el proceso electoral.

Si esto es urgente en cualquier tiempo, en un año electoral la paz es imprescindible. No se puede transitar el proceso de elecciones con el país en alerta roja por la inseguridad, la violencia y la impunidad.

Ante los hechos violentos ocurridos la semana pasada en Michoacán, el creciente número de muertes en todo el país y la inseguridad, el presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, advirtió que las empresas no pueden ser competitivas ni generar más empleos si no contamos con las mínimas garantías de seguridad.

Sentenció que un gobierno no puede esperar inversión cuando se falla al garantizar la integridad física y patrimonial de la sociedad. Por eso es urgente que los tres niveles de gobierno recuperen cuanto antes la seguridad en todo el país.

Por separado, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que entidades fundamentales del Estado, como la Procuraduría General de la República (PGR), y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) están siendo utilizadas de forma inaudita y alejada de estándares, con la finalidad de aparente de minar la competencia democrática y debilitar a los adversarios políticos, por lo que exigió a la Presidencia de la República, gobierno estatales y municipales que saquen las manos del proceso electoral y se conduzcan dentro de la legalidad.

Hacemos un firme llamado al gobierno federal, así como a los gobiernos estatales y municipales, para que eviten todo comportamiento o actuación que de sospecha, indicio o evidencia de una injerencia ilegal en el proceso electoral federal y los procesos locales que transcurren en 30 entidades federativas, señaló el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos.

Destacó que la ley nunca debe ser herramienta de persecución o negociación política. Mucho menos, espacio de complacencia para cuando se afectan los recursos públicos.

Gustavo de Hoyos dijo que en los días recientes la actuación institucional y apartidista de varias entidades federales, especialmente la Presidencia de la República, la PGR, la SHCP, y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se ha puesto en entredicho por algunos partidos y candidatos.

Criticó que ahora, además de la corrupción que se ha documentado gracias a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aparezca una forma más aberrante de atentar contra el país, los ciudadanos y la vida democrática con el uso de instituciones para minar a contrincantes políticos.