Ciudad Juárez, Chih.

Es falso que el magistrado Gabriel Humberto Sepúlveda Reyes o su familia hayan sido amenazados, aseveraron Genaro Molina Frías y Javier Rodríguez Polanco, titulares respectivamente de la Contraloría y de la Visitaduría del Poder Judicial.

Molina Frías y Rodríguez Polanco agregaron que Sepúlveda Reyes enfrenta un proceso penal por el desvío de 7 millones 123 mil pesos en la compra (con sobreprecio de 45 por ciento) de una bóveda de almacenamiento digital cuando era presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), y un procedimiento administrativo por el desvío de 2 millones de pesos supuestamente destinados a un edificio para el ayuntamiento de Parral.

Sepúlveda Reyes tomó posesión como presidente del TSJE el 8 de diciembre de 2015 y tres días después convocó a una sesión extraordinaria del pleno para proponer la compra de la bóveda de almacenamiento digital, con recursos del fondo auxiliar para la impartición de justicia, lo que fue aprobado.

El tribunal aportó 7 millones 123 mil pesos y Banobras otro tanto. La empresa beneficiaria, Sistemas de Información, entregó las facturas antes de la adjudicación y está involucrada en otros procesos penales contra ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez.

La Contraloría del Poder Judicial encontró irregularidades en la licitación de la bóveda, además del sobreprecio, e interpuso ante la FGE una denuncia que también involucra al magistrado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien era secretario ejecutivo del Centro Estatal para la Implementación del Sistema Penal.

El otro implicado se pone a disposición de la FGE

En cuanto al procedimiento administrativo que la visitaduría del Poder Judicial promovió contra Sepúlveda Reyes, Rodríguez Polanco explicó que un edificio de 18 mil 25 metros cuadrados, propiedad del gobierno del estado, alberga oficinas del ayuntamiento de Parral, lo que habría implicado un desvío.

Ramírez Alvídrez reiteró que él y Sepúlveda son víctimas de persecución política y se puso a disposición de la FGE.