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Se criminaliza al estudiante, acusa Redim
 
Periódico La Jornada
Viernes 2 de febrero de 2018, p. 32

Las autoridades capitalinas no sólo se niegan a investigar como desaparición forzada el caso de Marco Antonio Sánchez Flores, quien fue detenido por policías y se desconoció su paradero durante cinco días, sino que ahora, por medio de filtraciones, lo criminalizan, señalando que ya era un paciente siquiátrico o andaba drogándose en las calles, denunció Juan Martín Pérez.

El director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia (Redim) calificó de muy grave que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; el secretario de Seguridad Pública, Hiram Almeida, y el procurador de Justicia, Edmundo Garrido, se nieguen a investigar y den declaraciones que rayan casi en la ignorancia, al decir que como apareció, ya se resolvió el caso.

Mientras, a tres de los policías involucrados los placean para que lloren y litiguen el caso en los medios, como una manera de evadir su responsabilidad, cuando están acusados de un delito grave, por lo menos por la familia y las organizaciones sociales que la acompañan, pues siguen sin cargo alguno, en calidad de testigos, señaló.

La carpeta de investigación del estudiante de la Preparatoria 8 de la UNAM se inició dos días después de su desaparición, el 25 de enero, por extravío, lo cual está fuera de la Ley General de Desaparición Forzada, que entró en vigor hace dos semanas, por lo cual se buscará su reclasificación.

Si vemos, como hasta hora pinta, que no existen condiciones, buscaríamos la atracción del caso por la Procuraduría General de la República, porque hay dos autoridades involucradas: la de la capital y la del estado de México, las cuales incumplieron con los protocolos y pusieron en riesgo la integridad del joven de 17 años, señaló.

Hoy, dijo, el caso debe atenderse como desaparición forzada, como demandaron el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y Amnistía Internacional, y que toque a un juez resolver el caso.

Por la noche se informó que Ubel Mora Gallardo, el policía que no estaba ubicado por la SSP, acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.