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Tiene conceptos que deben analizarse a profundidad

En la Ley de Seguridad Interior se avaló la peor propuesta: especialista
 
Periódico La Jornada
Domingo 28 de enero de 2018, p. 4

La Ley de Seguridad Interior (LSI) constituye un riesgo para los derechos humanos y también invade esferas de la seguridad pública que podrían corregirse con capacitación real a las corporaciones estatales y municipales, señaló el investigador y criminalista Martín Barrón.

El académico del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) consideró que “la Ley de Seguridad Interior está mal en muchos sentidos, desde lo que se dijo que se iba a hacer –entre otras cosas una consulta a organizaciones civiles para tomar en cuenta sus observaciones– y todo lo aprobado partió de la propuesta del Partido Revolucionario Institucional.

En la legislación se habla de gobernabilidad democrática y uso de la fuerza, y otros conceptos que deben analizarse a profundidad, ya que se avaló la peor propuesta de todas, advirtió.

Además señaló que las organizaciones delictivas han tratado de pasar desapercibidas en Ciudad de México, pero varios de sus grandes operadores han sido aprehendidos en la zona conurbada o bien en colonias de la capital país, y ello ha generado que instituciones de las fuerzas armadas lleven a cabo operativos que antes no se realizaban en el centro del país.

Certificar a militares

“Hay una confusión entre las acciones que deben realizarse en materia de seguridad interior, seguridad nacional y seguridad pública, porque una de las preguntas obligadas con esta legislación de seguridad interior es si los militares son sometidos a exámenes de control de confianza, como se les practican a los agentes de las corporaciones de seguridad pública.

A los policías se les pide que estén certificados y se debe cuestionar si los militares que realizan actividades de seguridad pública están certificados, porque ello rompería los esquemas planteados en el sistema nacional de seguridad pública.

Barrón comentó que no hay una correcta capacitación en todos los rubros que se plantearon en la puesta en marcha del nuevo sistema de justicia penal, y uno de los problemas que observó es que los militares tampoco están capacitados en el desarrollo de operaciones policiales y para realizar una investigación. Por ello existe una terrible confusión con las labores que realizan las fuerzas armadas, a las cuales se les dota de un marco que tiene fallas, como es la LSI.