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Lo acusan de delitos electorales, enriquecimiento ilícito y cohecho

Aprueban juicio político contra el ex gobernador de Nayarit y magistrados
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 11 de enero de 2018, p. 27

Tepic, Nay.

La comisión de justicia y derechos humanos del Congreso local aprobó iniciar un procedimiento de juicio político contra el ex gobernador priísta Roberto Sandoval Castañeda y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa Catalina Ruiz Ruiz, Agustín Flores Díaz, Raymundo García Chávez y Jesús Ramírez de la Torre.

Esta decisión es resultado de una solicitud que a principios de octubre pasado interpuso el grupo Ciudadanos Promotores de la Comisión de la Verdad, que acusa al ex gobernador de intervención ilegal en el reciente proceso electoral, enriquecimiento ilícito y cohecho.

En abril anterior, Salvador Castañeda O’Connor, acompañado por el abogado Benjamín Sandoval Cedano, interpuso la primera demanda de juicio contra Sandoval Castañeda porque, dijo, no cumplió ninguno de los compromisos que hizo en campaña, además de que incurrió en ejercicio indebido de funciones y desvío de recursos.

Leopoldo Domínguez, presidente del Congreso, señaló que, de acuerdo con la ley, aún es posible llevar a juicio al ex gobernador, pues no ha transcurrido un año desde que el priísta entregó el cargo, el 19 de septiembre pasado.

A los magistrados se les acusa de atentar contra las instituciones por haber otorgado amparos a decenas de comerciantes ambulantes para que siguieran en la plaza principal de Tepic.

Los expedientes fueron aprobados por mayoría y serán turnados a la comisión instructora, que analizará pruebas y declaraciones y audiencias con los inculpados. De acuerdo con lo que estipula la Ley de Responsabilidades, enviará esta información a la comisión enjuiciadora, que determinará la procedencia del juicio y lo remitirá al pleno del Congreso, que se convertiría en gran jurado y en sesión secreta determinaría el destino de los acusados.

El eventual juicio político podría derivar en la inhabilitación del ex mandatario para ocupar algún puesto público, y los magistrados, cuyas funciones terminan en 2021, podrían ser destituidos del cargo.