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Controvertida legislación
Exponen casos paradigmáticos de ejecuciones extrajudiciales
 
Periódico La Jornada
Sábado 16 de diciembre de 2017, p. 4

La Red Solidaria Década contra la Impunidad dio a conocer este viernes un informe con motivo de sus 12 años de existencia, en el que pone de relieve ocho casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos, algunas de ellas cometidas por las fuerzas armadas, los cuales permanecen sin investigación eficiente ni castigo.

En el documento se consigna, por ejemplo, el caso de Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron detenidos arbitrariamente en enero de 2006 y después arraigados para obligarlos a autoinculparse por los cargos de sedición y terrorismo, por el único hecho de que su hermano Andrés se reivindicó como miembro del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

También se incluyó la historia del luchador social Arturo Hernández Cardona, dirigente de la Unidad Popular de Iguala, en el estado de Guerrero, quien fue desaparecido forzadamente en mayo de 2013 y luego ejecutado de forma extrajudicial.

El informe además menciona el caso de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998, cuando “las fuerzas militares cometieron una serie de abusos contra personas rendidas y sometidas –entre ellas tortura y ejecuciones extrajudiciales–, las cuales quedaron en la impunidad”.

De igual manera, el documento menciona la historia de Jorge Cortés Carmona, estudiante de veterinaria de la Universidad Autónoma de Guerrero, desaparecido el 29 de octubre de este año, quien luego fue encontrado en una fosa clandestina con huellas de tortura.

Los integrantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad e integrantes de otros colectivos sociales coincidieron en que esta serie de hechos demuestra el papel que han jugado las fuerzas armadas desde hace muchos años para reprimir las luchas sociales y violar los derechos humanos de la población civil.

También advirtieron que la recién aprobada Ley de Seguridad Interior no resolverá la crisis de violencia en México, sino que la hará todavía más profunda al legalizar la presencia del Ejército y la Marina en tareas de seguridad pública para las cuales sus elementos no están capacitados.