El comisionado para el diálogo de los pueblos indígenas, Jaime Martínez Veloz, advirtió que es obligación del Estado consultar a los indígenas antes de aprobar la ley de seguridad interior. El objetivo, precisó, es tomarlos en cuenta y evitar conflictos. Esta comisión es un organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG).

Los pueblos indígenas tienen derecho a decidir cuáles son sus prioridades para el proceso de desarrollo y, en consecuencia, a ejercer control sobre su propio desarrollo económico, social y cultural, destaca en una carta dirigida al titular de esta dependencia, Miguel Ángel Osorio Chong.

El comisionado dijo que debido a que la ley sería de aplicación general, ello implica que se involucre a pueblos y comunidades indígenas ubicados en todo el territorio nacional.

El documento fue recibido esta semana en el despacho de Osorio Chong, con copia para Felipe Solís Acero, subsecretario de Enlace Legislativo de Gobernación.

En materia de tierras y territorios, agregó Martínez Veloz, los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, tal y como está en la Constitución y en otros ordenamientos de carácter nacional e internacional.

Es por lo anterior que me permito hacer de su conocimiento, que la consulta se considera una forma clave de diálogo que sirve para armonizar los intereses contrapuestos y evitar, así como también resolver conflictos, dijo.

Al interrelacionar los principios de consulta y participación, la consulta no implica sólo el derecho de reaccionar, sino también el derecho de proponer.

La obligación de consultar a los pueblos indígenas surge en un nivel general, en relación con la aplicación de todas las disposiciones legales nacionales o internacionales, estas obligaciones se traducen en una exigencia para que se permita la libre participación de los pueblos indígenas en todos los niveles.