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Juzgado ordena que se llame a las empresas como tercero interesado

Se empantana caso de condonaciones fiscales a consorcios, entre 2007 y 2015
 
Periódico La Jornada
Lunes 4 de diciembre de 2017, p. 9

El largo litigio que involucra a la organización Fundar, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para dar a conocer detalles de todas las cancelaciones y condonaciones fiscales otorgadas a grandes consorcios entre 2007 y 2015 como lo instruyó el Inai se ha tornado más complejo y enfrenta objeciones empresariales. La Suprema Corte de Justicia de la Nación analiza ya un expediente de inejecución de sentencia ante un amparo de Fundar, porque no se le ha entregado esos datos.

Sin embargo, en paralelo, en días pasados y a dos años de aprobada la resolución, al dar el fallo en segunda instancia de un amparo promovido por una de las empresas que habrían sido beneficiadas y que argumentó nunca haber sido notificada por el Inai de la petición de Fundar, un juzgado ordenó al instituto de transparencia dejar sin efecto resoluciones relacionadas con esta información fiscal y reponer el procedimiento, a fin de que sean llamadas, como tercero interesado, las empresas en cuestión.

Una vez que el SAT agotó sus recursos legales para evitar la difusión de la información y el cumplimiento de la resolución del Inai –hasta que se turnó a la Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por inejecución de sentencia de un tribunal que confirmó la decisión del instituto de transparencia– este organismo ha enfrentado una ola de amparos interpuestos por consorcios bancarios, de comunicaciones, tiendas departamentales contra su decisión. La divulgación de información involucraría una cifra superior a 800 mil millones de pesos, según estimaciones del Inai que ha resuelto varios recursos en el mismo sentido de brindar los datos.

Hasta el momento se han presentado 52 amparos

Todo ello ha colocado al Inai en defensa de sus resoluciones ante decenas de empresas que, de origen, el organismo no identificaba como terceros interesados.

De los 52 amparos que el instituto ha sido obligado a litigar en juzgados: 19 han resultado favorables y 24 desfavorables en primera instancia, mientras que 8 más están pendientes de resolver. Sólo el referido, ha sido resuelto en segunda instancia y el Inai repondrá el procedimiento.

En el origen, la resolución del Inai tuvo sustento en que al tratarse de recursos que no fueron ingresados al Estado por una decisión de condonaciones y cancelaciones fiscales del SAT, era susceptible de abrirse, pues su apertura representaría una rendición de cuentas del SAT sobre una decisión que implica dejar de percibir recursos.

Existe un interés público de mayor jerarquía en transparentar la manera en que el Servicio de Administración Tributaria ejerce sus atribuciones en relación con aquellos créditos condonados o cancelados, respecto del interés de la protección que en su caso merecerían los datos fiscales de los contribuyentes que resultan favorecidos con dichas determinaciones gubernamentales, señala la resolución RDA 5354/15 de octubre de 2015.

Iván Benumea, investigador de Fundar a cargo del caso, subrayó que a partir de entonces han sostenido un largo litigio legal para que el SAT cumpla la resolución. Desde marzo de este año, un tribunal colegiado en materia administrativa confirmó el fundamento de la resolución del Inai que sin embargo no se ha cumplido, por ello ya se remitió el caso a la Corte por inejecución de sentencia por parte del SAT, un caso similar al que recientemente motivó la destitución del delegado de Venustiano Carranza, Israel Moreno.

Se trataba de recursos que no ingresaron por decisión del SAT, por lo que llegó a la Corte, pero ahora debemos participar en los amparos promovidos por empresas contra la resolución del Inai como terceros interesados. Un litigio en el que ni siquiera hay claridad de quien lo promueve porque han solicitado la confidencialidad en virtud de que se trata de un asunto con vinculaciones al secreto fiscal, reprueba el investigador.

Así, en medio de rutas encontradas, la justicia federal analiza en diversas instancias este laberinto legal en el que confluyen la demanda de información de Fundar sobre condonaciones y cancelaciones fiscales.