Antes de dejar el cargo de contralor interno de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Michel Padilla recomendó a la titular de la dependencia, Arely Gómez González, el mayor de los cuidados en las medidas de seguridad para el resguardo de las declaraciones patrimoniales de todos los servidores públicos, desde el Presidente de la República, a fin de evitar que continúe el uso ilegal de esa información.

La petición obedeció a que un anónimo que tuvo acceso indebido a su declaración patrimonial presentó una denuncia, lo que vulneró el respeto a su vida privada y su seguridad jurídica.

Al demandar que se aclarara la situación se le pidió la renuncia y dejó el cargo el 21 de agosto, según una serie de escritos remitidos por Michel Padilla a la titular de la SFP, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y otras instancias.

Con amplia experiencia en fiscalización y rendición de cuentas y que entre otros cargos se desempeñó como titular de la Auditoría Superior de la Federación, Michel Padilla fue el último contralor interno de la SFP nombrado por Enrique Peña Nieto, en agosto de 2013. Pocos meses después de su llegada a la dependencia, Gómez González reformó el reglamento interior de la misma para que la designación de ese funcionario –que es el responsable de vigilar su actuación y por tanto debe ser independiente y autónomo–, la pudiera hacer ella directamente.

Las reformas realizadas por la titular de la SFP, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio, incluyeron asimismo cambiar la denominación de Contraloría Interna por la de Órgano Interno de Control.

Un mes después, el 8 de agosto, Gómez González recibió por correo electrónico una denuncia anónima contra Michel Padilla, que incluía datos sobre las propiedades contenidas en su declaración patrimonial.

Michel Padilla decidió turnarla a la entonces Dirección General Adjunta de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Contraloría Interna, para que se iniciara una investigación, lo que hizo del conocimiento de Gómez González mediante oficio 112.OIC/018/2017 del 16 de agosto.

En el mismo señala además que con toda certeza quien presentó tal denuncia tuvo acceso y usó de manera ilegal su declaración patrimonial”.

En uso de sus facultades, el contralor advirtió que esa denuncia anónima reflejaba la vulnerabilidad de la información sobre las declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios públicos obligados a presentarla.

Le recomendó asimismo a Gómez González el mayor de los cuidados en las medidas de seguridad para el resguardo de la información y uso de la misma, para que se cumpla con el respeto al derecho humano que tienen todas las personas, incluyendo los servidores públicos, de no afectarlas en su vida privada y en los datos personales protegidos en la propia Constitución.

En respuesta, Gómez González le pidió la renuncia por medio de un subalterno.

Tres días después de la renuncia de Michel Padilla tomó posesión el nuevo titular del Órgano Interno de Control de la SFP Andrés de Jesús Serra Rojas Beltri, quien ya había acompañado a Gómez González en el mismo puesto, pero en la Procuraduría General de la República.