Las dirigencias de los partidos del Trabajo (PT) y de la Revolución Democrática (PRD) cuestionaron la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, al señalar que legitima el uso de las fuerzas castrenses, así como la violación de los derechos humanos.

Alejandra Barrales, líder de los perredistas, sostuvo que da pie a legalizar el régimen autoritario y represor que por años han construido desde el gobierno, y criticó que los diputados aprobaran la ley sin escuchar argumentos, sin debate y a pesar de que decenas de organizaciones civiles alertaron de los riesgos y la regresión que implicaba hacerlo.

Llamó a que se abra un espacio para el debate y que las voces de expertos, activistas y organizaciones de la sociedad civil formen parte de la discusión.

Mientras tanto, el coordinador nacional del PT, Alberto Anaya, consideró que la ley puede abrir la puerta a la instalación de un estado de excepción permanente, “ya que deja a criterio de las autoridades intervenir o implementar acciones preventivas en un asunto que consideren de riesgo para la seguridad del país, desde una protesta ciudadana hasta lo relacionado con la delincuencia organizada”.

Es evidente, dijo, que la verdadera intención es mantener bajo control a una sociedad cada vez más crítica y dispuesta a manifestar su descontento en las calles por las decisiones de los malos gobiernos, es decir, pretenden institucionalizar métodos represivos para acallar la inconformidad y someter a millones de mexicanos.