En el Senado se aprestan a aprobar sin cambios la Ley de Seguridad Interior la próxima semana.

La minuta de la Cámara de Diputados fue turnada ayer por la mesa directiva a cuatro comisiones: Defensa, Marina, Gobernación y Estudios Legislativos, y el pleno sesionará tres días, a fin de sacar esa reforma a más tardar el próximo jueves, una semana antes de que concluya el periodo ordinario.

El PRI y sus aliados van a actuar con la misma celeridad que lo hicieron en San Lázaro, comentó el coordinador de PT-Morena, Manuel Bartlett. Dijo que el coordinador priísta, Emilio Gamboa Patrón, cuenta con el voto del PVEM y parte del PAN, entre ellos los calderonistas, que han sido fuertes impulsores de esa reforma que avanzará aún más en la militarización del país.

Entrevistado por separado, el senador panista Roberto Gil Zuarth consideró que es urgente avalar ese nuevo marco jurídico para las fuerzas armadas. Aseguró que del dictamen aprobado en la Cámara de Diputados se eliminó toda disposición que pudiera dar a las fuerzas armadas facultades de investigación, de llevar a cabo arraigos o alguna otra medida violatoria de los derechos humanos.

La Ley de Seguridad Interior sólo establece las reglas y condiciones que debe seguir el presidente de la República cuando dispone de las fuerzas armadas para auxiliar y colaborar con las entidades donde la violencia ha afectado las condiciones de paz y de normalidad institucional

Igualmente, el senador priísta Enrique Burgos comentó en breve entrevista que se debe aprobar esa reforma con prontitud, porque es una justa demanda del Ejército y la Marina, que se tiene que atender.

La senadora Dolores Padierna, de PT-Morena, señaló que olvidando sus obligaciones en materia de derechos humanos y desconociendo los datos estadísticos que registran el aumento de la violencia en México a raíz de la intervención de las fuerzas armadas en labores amplias de seguridad pública, los del PRIAN en la Cámara de Diputados aprobaron la Ley de Seguridad Interior.

Es lamentable, dijo, que de nueva cuenta los del PRIAN vayan a imponer en esa cámara, como lo hicieron en San Lázaro, una legislación tan cuestionada, que legaliza la presencia del Ejército en el combate al crimen organizado, a pesar de que la experiencia demuestra que la presencia militar ha provocado violaciones constantes de derechos humanos.

Se impone de nueva cuenta la agenda política del presidente Peña Nieto por encima de la agenda social y ciudadana, que duerme el sueño de los justos en ambas cámaras legislativas, indicó.

Padierna resaltó que ese acuerdo de PRI y PAN en el Congreso no atiende a una necesidad social imperante o a una conclusión de expertos que señalen que esta norma, así como está planteada, represente la mejor opción legislativa. Más bien responde a un acuerdo coyuntural en el que se pretende negociar por encima de las obligaciones de derechos humanos internacionalmente aceptadas.