La Contraloría General del Instituto Nacional Electoral (INE) audita 350 millones de pesos gastados en los últimos meses del año, debido a que sospecha que el organismo aceleró contrataciones para no caer en subejercicio.

Nos preocupa algo que hemos manifestado en nuestros informe: que la institución comúnmente requiere mayor presupuesto y hacia el final de año se lo gasta dando asignaciones directas o acelerando los procesos de licitación abiertos, expresó el contralor general, Gregorio Guerrero Pozas.

Actualmente, su área revisa todas las contrataciones que abarquen de octubre a diciembre para determinar si el INE cumplió con diversos requisitos.

Desde el informe anterior manifestamos que la institución hace gastos muy altos hacia final del año con el propósito de terminarse el presupuesto, insistió al diario.

Nuevamente, en 2016 un elevado monto de recursos fue ejercido en procedimientos de contratación durante los últimos meses del año, en un contexto de enorme presión por la culminación del ejercicio fiscal, a fin de disminuir las altas disponibilidades presupuestales que acumulaban las áreas desde el inicio del año, y que de no haberse emprendido muy probablemente hubiera suscitado de nueva cuenta un significativo subejercicio de recursos, señala la contraloría en dicho documento.

Destaca en particular las compras de último momento que se efectuaron en noviembre y diciembre de 2016, que implicaron la erogación de 569.6 millones de pesos, aproximadamente 12.3 por ciento del presupuesto modificado del instituto electoral.

Informó que también revisan el convenio suscrito con Grupo Tecno, empresa que realizó la aplicación de celular para la recolección de firmas en favor de los candidatos independientes, debido a que fue uno de los pactados de última hora.

Aclaró que la contraloría no podía objetar el convenio con dicha compañía, porque no había sido sancionada anteriormente.

Antes de que se recortaran 800 millones de pesos al presupuesto del INE de 2018, el contralor expresó que es inquietante que el instituto haga contrataciones sin una razón fundamentada o realice más asignaciones directas que concursos de licitación.

Hemos revisado en diferentes ocasiones este tipo de contrataciones y sí ha habido algunas que nos causan mucha sorpresa. La situación fundamental es que no existe razón real para que se hagan, explicó.

Señaló que han descubierto que al concluir el año se organizan numerosos eventos o contrataciones apresuradas para gastar el dinero sobrante.

Puso de ejemplo lo ocurrido con el Sistema Integral de Gestión Administrativa (SIGA) en el otrora Instituto Federal Electoral, que se hizo sin tener idea de lo que se quería y al final costó muy caro.

Explicó que antes de adquirir un bien o servicio, las instituciones deben saber si tienen una necesidad real y realizar los estudios necesarios, pero si eso se determina con prisa, se improvisan las adquisiciones.