La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces penales son los adecuados para resolver casos en los que se estime que el Consejo de Atención y Apoyo para Víctimas del Delito de la Ciudad de México incurrió en omisiones en cuanto a proporcionar apoyo económico a los afectados.

Lo anterior, al resolver una contradicción de tesis en relación con la presunta omisión a proporcionar o determinar este tipo de beneficio, y qué tipo de juez federal es competente para conocer de un juicio de amparo en el que se reclamen tales actos.

En ese contexto, para obtener el apoyo económico que ofrece la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México a las víctimas de un delito, es requisito indispensable que los beneficiarios hayan sido reconocidos como afectados por una conducta tipificada como delito y exista una averiguación previa, una carpeta de investigación o un proceso penal.