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PRI y PAN exigen indagar a fondo
 
Periódico La Jornada
Martes 31 de octubre de 2017, p. 10

La dirigencia nacional del Partido del Trabajo (PT) aseguró que con las declaraciones y pruebas aportadas por el secretario del Educación Pública de Nuevo León, Arturo Estrada Camargo, ha quedado demostrado que las acusaciones del gobierno federal por un presunto fraude en la administración de los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis) son infundadas y calumniosas.

En la Cámara de Diputados, los grupos parlamentarios de PRI y PAN exigieron, por separado, una investigación a fondo sobre el presunto desvío de recursos por parte del PT en la operación de los Cendis.

No es un asunto que se debe partidizar. Es un tema de pesos y centavos, de recursos públicos y, sobre éstos debemos dar cuenta todos quienes los manejamos. Que no se pretenda distraer la atención, de suerte que no vale la pena darle paso a argumentos distractores o a defensas oficiosas con claro sentido electoral, dijo César Camacho, coordinador del PRI, en referencia a la postura asumida por Andrés Manuel López Obrador en este caso.

El coordinador del PAN, Marko Cortés, expuso que se requiere una línea de investigación robusta, con elementos suficientes para sancionar a todo el que sea responsable. Lo que queda claro es que el PT tiene acuerdos con el gobierno, que jugó en alianza en Colima, y el gobierno le dio viabilidad, por conducto del tribunal electoral.

La respuesta

El PT aseguró que detrás de estos señalamientos está la intención del gobierno federal de perseguir y hostigar políticamente la alianza que este partido tiene con Morena y el apoyo decidido a López Obrador como candidato presidencial para 2018.

En un comunicado, el partido señaló que el funcionario estatal reconoció ante legisladores locales que los recursos empleados para la operación de los Cendis son lícitos y se encuentran dentro del marco de la ley.

Incluso citó que con los documentos presentados por el secretario Estrada Camargo se establece que la directora de los Cendis, María Guadalupe Rodríguez Martínez –esposa del Alberto Anaya, dirigente nacional el PT–, tiene el derecho a manejar los recursos materiales, humanos, financieros y presupuestales para esta operación.

Destacó que la directora de estos centros ha cumplido en tiempo y forma con la obligación de presentar los informes sobre el manejo de estos recursos, que han sido del conocimiento de la Secretaría de Educación Pública.