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El ayuntamiento aún no cumple recomendaciones del ombudsman

Reportera atacada por orden de ex edil de Silao aún reclama justicia
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La periodista Karla Silva Guerrero, de El Heraldo de León, fue agredida hace tres años por órdenes del ex edil priísta de Silao, Guanajuato, Enrique Benjamín Solís Arzola, en represalia por su trabajoFoto Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 30 de octubre de 2017, p. 27

Silao, Gto.

Tres años después de que el entonces alcalde priísta de Silao Enrique Benjamín Solís Arzola (2012-2015) ordenó golpear a Karla Silva Guerrero, reportera de El Heraldo de León, la periodista sigue sin tener acceso a una justicia plena. Existe un gran abismo en las leyes de México y Guanajuato para que una víctima se defienda de un agravio. Los delincuentes tienen más derechos, lamenta.

En entrevista, considera que la batalla que emprendió con apoyo del gremio consiguió mucho: seis sentencias condenatorias, pero lo correcto, dice, habría sido procesar a los servidores públicos involucrados cuando estaban en funciones.

El 4 de septiembre de 2014, tres hombres ingresaron a las oficinas de El Heraldo de León en Silao, se dirigieron al lugar de trabajo de Karla Silva, la golpearon brutalmente y le ordenaron que le bajara de huevos a sus pinches notas o se la iba a cargar la chingada.

El ex alcalde Enrique Benjamín Solís Arzola, el ex director de policía Nicasio Aguirre Guerrero, el ex subdirector operativo Jorge Fonseca Durán (quienes urdieron la agresión), así como Joaquín Osvaldo Guerrero Garnica, José Samuel Ornelas y Luis Gerardo Hernández Valdenegro (agresores materiales) se declararon culpables y fueron sentenciados, pero están libres con reservas de ley.

Sin embargo, el gobierno de Silao (2015-2018), encabezado por el alcalde panista Juan Antonio Morales Maciel, no ha cumplido por completo las recomendaciones que la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato emitió en noviembre de 2014.

Sigue pendiente que la contraloría concluya los procesos administrativos contra los ex mandos policiacos, quienes, de acuerdo con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, pueden ser multados e inhabilitados para ocupar cargos públicos.

En el juzgado décimo de distrito en Irapuato –cuyo titular es José Guadalupe Bustamante Guerrero, amigo de Solís Arzola– está pendiente un juicio de amparo que le quitaría al gobierno de Silao la fuerza pública porque fue usada para agredir a la periodista.

El caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el pasado 5 de abril ordenó reponer el juicio de amparo que promovió la periodista, para que el juez resuelva si admite pruebas adicionales de la quejosa que demuestren la utilización de la estructura del Estado para agredirla.

–¿Ya se te hizo justicia?

–Todavía falta. El día en que queden fijas todas las sentencias y una autoridad mayor se pronuncie sobre la no repetición de actos no sólo para conmigo, sino para el gremio en general, ese día voy a tener justicia. El día en que en México dejen de matar periodistas, ese día voy a tener justicia.

–¿Qué falta?

–Tres civiles están sentenciados con ejecutoria. El ex coordinador de la policía Nicasio (Aguirre) promovió un amparo. No he recibido notificación y ello podría modificar la sentencia obtenida con un magistrado. No se han cumplido todas las recomendaciones de Derechos Humanos. Han señalado que son una administración distinta. No ha concluido el procedimiento administrativo a Nicasio ni a Jorge (Fonseca). Incluso recibieron un finiquito.

–¿Qué pasará con el amparo solicitado para retirar la fuerza pública?

–Nosotros realizamos la solicitud en 2014. Las autoridades no han hecho su trabajo. Ellos tendrán que resolver.

–¿Sienta precedente la sentencia a Enrique Benjamín Solís por mandar golpearte?

–Por lo menos en Guanajuato, sí. En México, hasta donde tengo entendido, también. Es una enseñanza no sólo para las autoridades, sino para la sociedad en general. Implicó mucho esfuerzo, tiempo, recursos, situaciones, personas y al gremio. Deja la enseñanza de que hay leyes y se tienen que cumplir, y si hay delincuentes se les debe castigar.

–¿La agresión te cambió?

–Ese día tuve mucho miedo. Saqué fortaleza no sé de dónde. Ha sido un proceso agotador, pero me he sentido muy fortalecida, he tenido mucho aprendizaje, he conocido mis debilidades, porque tengo que reconocer que me caí muchas veces, pero me levanté. Hoy estoy de pie.

–¿Algún consejo para los periodistas que han sido agredidos?

–Es muy importante la unión. Desde que sentimos una amenaza debemos compartirla. Alguien nos puede ayudar a estar prevenidos. Tenemos que hacer visibles las agresiones para evitar que sigan matando periodistas.

La reportera lamenta que los tres niveles de gobierno no quieran o no puedan frenar los ataques contra comunicadores provenientes de autoridades, el crimen organizado o de la colusión entre ambos.

El país se está convirtiendo en uno de los más violentos para ejercer el periodismo y para vivir. La mayor parte de las agresiones son del Estado. No sé si esta situación vaya a parar pronto, subraya Silva Guerrero.

Agrega que es evidente que en muchos casos hay complicidad entre gobiernos y grupos criminales, lo que genera impunidad. Lo que le incomoda al gobierno, en determinado momento también le incomoda al crimen organizado. Lamentablemente, en Guanajuato están aumentando las agresiones contra periodistas, aunque no al nivel que en otros estados, refiere.

Sobre la aprobación de la Ley de Protección a Periodistas del Estado de Guanajuato y la tipificación del delito de atentado a la libertad de expresión, Karla Silva Guerrero destaca el empuje del gremio, que después de tres años dio frutos.

Es algo positivo. Antes no había ley, no había delito. Yo enfrenté una situación muy complicada. A mis agresores no se les juzgó por la relación directa que (el ataque) tenía con la libertad de expresión y con el ejercicio periodístico, concluye.