Madrid.

El Tribunal Constitucional de España suspendió ayer la ley de transitoriedad jurídica de la república de Cataluña, en una escalada del conflicto político tras la aprobación del referendo independentista previsto para el primero de octubre. Además, la Fiscalía General ordenó a Los Mossos d’Esquadra requisar las urnas e impedir la consulta, y por si fuera poco, un juzgado de Madrid decidió anular un acto informativo amparado por el ayuntamiento de la capital española para dar a conocer y debatir sobre este proceso de secesión.

La primera medida se anunció por la mañana. Los 12 magistrados del tribunal decidieron por unanimidad suspender la ley de desconexión, que está pensada para regular y fijar las fases para llevar a cabo el proceso de independencia, en caso de que gane el sí el primero de octubre.

El Parlamento catalán aprobó en dos sesiones históricas (el 6 y el 7 de septiembre), dos leyes para acompañar el proceso: la de referendo y la de desconexión. La primera servirá para convocar a la consulta ciudadana, y la segunda para que en caso de que gane el sí a la independencia, se proceda a separar las instituciones catalanas de las españolas.

El Tribunal Constitucional, a petición del gobierno español que encabeza Mariano Rajoy, decidió suspender con carácter urgente ambas legislaciones. La última adoptada ayer mismo y que afecta a la ley de Transitoriedad, que se suspende de manera cautelar al menos hasta que se vote en una sesión que deberá llevarse a cabo en un plazo no mayor de cinco meses.

Además, el tribunal ha accedido también a la petición del gobierno de notificar personalmente al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al resto de miembros del gobierno, que no pueden dictar acuerdos que desarrollen ninguno de sus 89 artículos. También serán avisados los miembros de la Sindicatura Electoral, los cinco juristas seleccionados para hacer de Junta Electoral.

El fallo también anula el Código Tributario y que se desarrollen las bases de la futura Hacienda catalana. La ley pensada para entrar en vigor el día después del referendo está destinada a facilitar la transición hacia la nueva república de manera ordenada y gradual, y con plena certeza jurídica, en la que se establece que Cataluña se constituye en una república de derecho, democrática y social y mientras no sea aprobada la Constitución, será la norma suprema del ordenamiento jurídico catalán.

Otra medida relevante de la mañana fue la notificación de la Fiscalía General al mayor de Los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, de que el cuerpo policial autonómico tiene la obligación de requisar las urnas y todo el material que se piense utilizar para celebrar el referendo. La misma orden fue dictada a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía en Cataluña.

Los integrantes de la Mesa del Parlamento catalán respondieron: no renunciaremos a nuestras funciones y ningún tribunal decidirá el futuro de este país.

Finalmente, un juzgado administrativo de Madrid decidió suspender un acto informativo sobre el referendo programado en el centro cultural El Matadero, en Madrid, y que estaba amparado por el ayuntamiento y por Rommy Arce, una de sus concejales. El juez que firmó la prohibición sostiene que no se puede llevar a cabo porque va en contra de las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional, que ordenó que se cancelen y se impida la celebración de cualquier iniciativa para llevar a cabo el referendo.

En otro orden, Los Mossos d’Esquadra desalojaron por la noche la iglesia de la Sagrada Familia en Barcelona y cerraron una estación del Metro cercana debido a una alerta de ataque terrorista que más tarde se confirmó que fue falsa.