La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), así como decenas de empresas del sector, impugnaron los lineamientos llamados de piso parejo, con el argumento de que violan la libertad de expresión y de comercio y pueden provocar la autocensura.

Miguel Orozco Gómez, presidente de la CIRT, se queja de que la norma diseñada por el Instituto Nacional Electoral (INE) daña el negocio de la industria, ya que pone límites a la difusión de propaganda gubernamental fuera de campañas electorales, lo que estaría al margen de la Constitución.

Entre los 334 inconformes, además de la Presidencia de la República, gobernadores y partidos políticos, los concesionarios de radio y televisión exigieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitir una resolución urgente antes del 8 de septiembre, cuando entran en vigor los candados de los lineamientos.

En un escrito de 38 páginas defienden la difusión de propaganda gubernamental, porque “no busca dirigir o condicionar el comportamiento de los gobernadores, por lo que no tiene elementos persuasivos, sino sólo de carácter informativo, por lo que es válido que fuera de la etapa de campañas electorales los entes de gobierno puedan adquirir contenidos “.

Insistieron en que sus afiliados iniciaron en 2007 lazos comerciales con los gobiernos locales, federales y municipales, que se verían suspendidos por esta norma.

Para los concesionarios estas reglas imponen, además, límites a la libertad de expresión y al derecho a la información, que van más allá de lo previsto en la Constitución y en la ley electoral.

Señalaron que en radio y televisión está prohibida la compra o adquisición de espacios que busquen influir en las preferencias electorales; sin embargo, en los lineamientos se citan presunciones que rebasan ese ámbito.

El segundo argumento sostenido por este sector económico consiste en que las normas recién aprobadas no dan certeza jurídica ni se apegan a la legalidad.

Advierten que los concesionarios no son peritos en materia electoral y no tienen la capacidad para realizar la valoración de conductas a partir de un supuesto normativo de esa índole.

Como el INE prohíbe la contratación de cualquier propaganda a quienes aspiran a algún cargo de elección popular, determinar esa calidad sólo es posible después de que estas personas expresen alguna opinión, concedan una entrevista, aparezcan en un medio de comunicación o den un informe de labores.

Plantearon que si se aplican estas reglas, los medios, los periodistas y las propias personas se autocensurarán limitando sus expresiones o simplemente dejando de informar o de difundir debates o noticias que pueden ser de interés público, por el riesgo de que el sujeto sea calificado como aspirante por el mero contexto político.

Además de la CIRT, el TEPJF recibió recursos contra las medidas de las siguientes empresas: Multimedios Televisión, Televisión Digital, Televisora del Valle, La B Grande, Radio Uno FM, Fórmula Radiofónica, Cadena Regional Radio Fórmula, Radio Triunfos, Radio Informativos y Radio Oro y otros que les llegaron por medio del INE.