En riesgo, la Constitución de la ciudad
Sentencia de muerte a la voluntad popular
a pregunta que hoy se hace todo el mundo, a raíz de los acontecimientos que en estos momentos son rumores, pero que ya clasificados como filtraciones
son casi un hecho, es: ¿Las autoridades de la ciudad para qué querían un constituyente si lo que emanara de su asamblea les iba a importar un pito?
¿Para qué gastar recursos de todo tipo si la idea era obtener un texto que si no se apegaba a la visión de ciudad que se planeó en las oficinas de gobierno debería ser cuando menos cercenado?
Hoy ya se puede decir con buen porcentaje de certeza que entre la Asamblea Legislativa y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) han dictado la sentencia de muerte a la voluntad popular –expresada en las iniciativas ciudadanas que se enviaron a la Constituyente– y el debate entre las diferentes fuerzas que se conjuntaron en los trabajos legislativos, cuando menos en la parte política, que de muchas formas es esencia de años de reflexión para los más, y para otros de horas y horas de estudio y análisis sobre el fenómeno electoral en la Ciudad de México.
La Asamblea Legislatrivia de la ciudad, que tenía como encomienda crear las leyes secundarias de la Constitución Política de la Ciudad de México –tan presumida en el exterior por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera–, parece que nunca entendió su labor y se atrevió a modificar el texto de la Carta Magna local con toda la impunidad que caracteriza a ese órgano.
Hace no mucho, cuando se nos preguntó si creíamos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de inmediato la respuesta fue: ¡No! La injusticia es lo que campea por el país, el cuerpo de ministros que la conforman no tiene credibilidad porque sus hechos la han ido menoscabando. Pero no hay más y sus juicios son inapelables, así que lo que queda en el sagrado derecho al pataleo
, y eso sí está bien claro tanto para la sociedad civil como para algún grupo de diputados constituyentes, que no tirarán la toalla en el primer round, aunque de entrada ya hallan sido descalificados.
Para esto, ya está en formación un observatorio de la Constitución, que será, si llega a concretarse, un instrumento que reaccione de las formas que pueda, a lo que se considere injusto, tanto de las actuaciones de la SCJN como de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, convocando a todos los sectores de la sociedad capitalinos a la defensa de sus leyes.
La batalla legal parece perdida, pero la política está por empezar. Alguien deberá pagar por lo que ahora, al paso del tiempo, parecería apenas una maniobra en la que se han destrozado parte de las esperanzas de mucha gente por tener una ciudad justa. De cualquier forma, es muy probable que los cortes y los cambios que ahora se están sucediendo puedan volverse a esgrimir en nuevas instancias legislativas, pero en estos tiempos políticos, los costos de ese tipo que deberán pagarse serán más elevados de lo que muchos suponen. Ese es el juego.
De pasadita
Y no es por estar dando lata, pero ¿se acuerda usted que el día que estalló el conflicto en Tláhuac se discutía en la Cámara de Diputados el problema de las escuchas ilegales por el gobierno? Curioso, ¿no? Ese, como el del socavón, son temas que salieron de la mira de la crítica mediática y hoy, sobre todo el de las escuchas, se han venido diluyendo entre los otros escándalos, así que nadie podrá dudar que El Ojos, además de ser un delincuente, era, sin duda, oportuno.
