El problema de la deuda
l llegar a la Presidencia Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda, en ese entonces Luis Videgaray, prometió un crecimiento sólido del país, cercano a 5 por ciento anual, y una disminución sostenida de la deuda en relación con el producto interno bruto (PIB). Los profundos estudios realizados por Videgaray y su equipo de iluminados preveían que durante los dos primeros años del sexenio se incrementarían el gasto y la inversión pública para reactivar al país a niveles no vistos en la era panista, lo que reduciría la pobreza y la proporción de la deuda frente al PIB, gracias al crecimiento sostenido del país.
En la práctica, la realidad fue más terca que las proyecciones, ya que el gasto público aumentó rápidamente, pero la inversión productiva del gobierno se desplomó y el crecimiento del PIB ha sido mediocre, en promedio menor al de los pasados 20 años.
A finales de 2016 la deuda total de México (pública y privada) cerró por arriba de 412 mil millones de dólares, todo un récord, lo cual representa más de 43 por ciento del PIB. Del total de la deuda, cerca de 30 por ciento corresponde al gobierno y 14 por ciento al sector privado. Pero lo más preocupante es que la deuda pública creció más de 55 mil millones de dólares en los pasados cuatro años y en lugar de orientarse los recursos a la inversión productiva se ha derrochado en el gasto corriente y en la infinita corrupción que hay en el país.
Además, esta tendencia no mejorará en el tiempo que le queda al sexenio, entre otras cosas por la fuerte devaluación acumulada durante los pasados cuatro años, por el incremento de la tasa real de interés tanto interna como externa, por la inflación que es la más alta en la década, por la incertidumbre en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y por el débil crecimiento del PIB.
Por desgracia, son muchos los intereses que existen en la administración pública, lo que impide el control del gasto gubernamental y el destino de los recursos a la inversión en infraestructura. Por ello, se ha desarrollado un esquema de inversión pública-privada que en los hechos no ha sido transparente, que ha generado mala calidad en las obras realizadas y se ha construido a precios muy por arriba del mercado, recursos que pagamos todos los mexicanos.