El registro de daños físicos o sicológicos a la mujer durante la atención del embarazo, parto y puerperio por la falta de servicios de salud, tratos crueles, inhumanos o degradantes y la inadecuada prescripción de medicamentos se tratará de conte-ner con una reforma a la Ley General de Salud, en materia de violencia obstétrica.

Diputados federales, que incurrieron de nuevo en un frenesí aprobatorio de dictámenes de reforma a diversas normas, dieron un paso relevante en atención a las mujeres, a quienes en innumerables casos se les impide decidir de manera libre e informada sobre los procesos reproductivos.

Para la Comisión de Salud, encargada de dictaminar la iniciativa que fue respaldada por unanimidad en el pleno cameral, el embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad en la vida de la mujer.

En el artículo 61 Bis de dicha legislación se considera sustantivo que la embarazada deberá ser informada de las prácticas obstétricas y distintos métodos de atención en el embarazo, parto y puerperio, para estar en condiciones de decidir de manera libre e informada la opción que prefiera a fin de salvaguardar su integridad y la del niño.

Más adelante, en el artículo 90 de la Ley, se reformó el contenido del mismo para quedar así: promover prácticas tendientes a la información, capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para la satisfacción de las necesidades del país en materia de salud, concientizando sobre el trato digno y respetuoso de los derechos humanos de los usuarios.

El fondo de la reforma se encuentra en los datos recabados por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Estos revelan la muerte de 800 mujeres al día por causas relacionadas con el embarazo y el parto. La mayor parte de estas muertes son prevenibles, y un porcentaje elevado de estas mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad.