Al reconocer que las denuncias sobre presunto espionaje en agravio de periodistas y defensores de derechos humanos ‘‘son serias’’, y dada a importancia del asunto, el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, anunció que para la realización de la indagatoria correspondiente, la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará el apoyo de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y de instancias nacionales e internacionales.

En un mensaje a medios, en el que no se permitieron preguntas, el funcionario añadió ayer que la fiscalía pedirá a las dependencias federales y estatales de seguridad que pudieran tener acceso al software de espionaje Pegasus, que resguarden toda la información relacionada con la contratación de dicho equipo.

Sánchez Pérez del Pozo añadió que ‘‘todas las personas que han señalado de manera formal o mediática que sus equipos móviles han sido intervenidos, estarán siendo notificadas para que aporten su equipo físico a la investigación, a efecto de que se pueda realizar al mismo un análisis forense que incluirá la fijación telefónica, la fotografía de los mensajes sospechosos y la ubicación –en su caso– del virus o malware’’.

Explicó que el grupo técnico estará formado por la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es el organismo especializado en esa materia de la Organización de las Naciones Unidas; la Asociación Mundial de Operadores Móviles, con sede en Londres, Reino Unido; la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional; el ex presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) Héctor Osuna Jaime, además de que ‘‘se pedirá a la FBI de Estados Unidos su colaboración; asimismo, el Ministerio de Justicia canadiense colaborará vía asistencia jurídica internacional con las entrevistas al Citizen Lab de la Universidad de Toronto’’.

De acuerdo con la información publicada en su momento por The New York Times, el Citizen Lab tomó parte en la investigación periodística que reveló el presunto espionaje.

Como parte de la indagatoria, indicó, se declarará a todas las empresas que han vendido equipo tecnológico que posibilita las intervenciones en México, ‘‘con las capacidades que han denunciado los periodistas y defensores de los derechos humanos, a efecto de conocer en detalle a qué gobiernos estatales han entregado este tipo de equipos y si, en su caso, alguno de estos equipos hubieran podido llegar a entidades distintas a las dependencias públicas’’.