Buenos Aires

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) encabezada por su presidente Francisco Eguiguren y la vicepresidenta de ese organismo, Esmeralda Arosemena de Troitiño, visitó a la dirigente del movimiento Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida ilegalmente en la provincia de Jujuy desde enero de 2016, y estuvieron tres horas con ella, quien reconoció que está sometida a mucha presión, pues afirma que ella y otras presas son objeto de maltrato y tortura sicológica.

En la prisión de Alto Comedero y a pesar de haber sido sobreseída en varias de las causas que emprendió en su contra ella el gobierno de Jujuy del gobernador de Gerardo Morales en complicidad con algunos miembros de la justicia local. La Organización de Naciones Unidas (ONU) también ha pedido la liberación de Sala, quien funge además como diputada en el Parlamento del Mercado Común del sur. La lideresa se ha convertido en la primera presa política del gobierno derechista de Mauricio Macri.

La visita sirvió a los funcionarios de la CIDH para evaluar todos los elementos que desde hace tiempo están en sus manos. Después de la dictadura (1976-1983) esta es la primera vez que la CIDH se ha desplazado para realizar una inspección de estas características.

Hace dos día se conoció que el gobierno había hecho pintar la celda de castigo a la que varias veces fue llevada Sala y sus compañeras, que denunciaron maltratos y tortura físicas y sicológicas. La dirigente relató toda su historia al grupo en el que también estuvo Pablo Meza, responsable del grupo de Protección a cargo de las cautelares, y los abogados de Sala, Elizabeth Gómez Alcorta y Luis Paz.

Trascendió que la conversación conmovió mucho a los visitantes. La visita se hizo por pedido del gobierno de Macri, que intentó siempre presentar la detención como un caso de justicia, lo que la propia realidad fue desmintiendo convirtiendo el caso de la dirigente de la Tupac Amaru, en un tema mundial, que a afectó gravemente la imagen del gobierno.

Por estas horas la ex canciller Susana Malcorra dio a entender en una entrevista que había dejado su cargo por diferencias sobre algunos hechos tanto con el presidente Macri como con el jefe de gabinete Marcos Peña; y uno de los temas en los que difirieron fue el caso de Milagro Sala.

Expertos en derechos humanos de la ONU pidieron a la Corte Suprema que revise el fallo por el que se otorgó la llamada Ley 2x1 a condenados por crímenes de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar porque viola principios que exigen la proporcionalidad de las sanciones, señalaron. Pero también se han remarcado las violaciones a las leyes internacionales en esa materia.

Luego de haber sido entrevistada por las máximas autoridades de la CIDH Sala recibió la visita del ex juez español Baltasar Garzón quien se manifestó preocupado por el estado de salud de la líder de Tupac Amaru y consideró que la prisión preventiva en su contra es neta, absoluta y exclusivamente política.

Garzón destacó la pobreza y debilidad de los argumentos por las cuales lleva más de 500 días de detención La prisión preventiva que sufre no tiene ninguna justificación de acuerdo con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos; y destacó que el hecho de que aún permanezca en prisión deteriora el estado de derecho y el sistema democrático argentino.

La justicia en la mira

Por su parte, el juez de la Cámara Federal de Buenos Aires Eduardo Freiler denunció que algunos de sus colegas intentan provocar la detención de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en medio de la campaña electoral que se está viviendo hacia las legislativas de octubre próximo. Denunció algo que se hizo evidente en estos días y es la presión abierta y pública de Macri para que haya detenciones. Incluso sus declaraciones urgiendo a detener a ex funcionarios del gobierno de Kirchner lo ha llevado a decir que más vale que los jueces hagan algo o se buscará a jueces que nos representen, lo que demuestra la falta de respeto del gobierno a la independencia de la justicia.

El presidente presiona a la Justicia para meter presa a la ex presidenta y lo dijo ayer mismo, cuando declaró que los que se robaron el país, como tenemos los jueces que tenemos, todavía siguen caminando por la calle, indicó Freiler. Aunque destacó que también algunos resisten con sus valores e ideas y se mantienen ceñidos a la ley y a la Constitución. No sé si lo seguirán haciendo, pero se cierra un cerco en torno a varias figuras.

Entre los caso citados está la persecución abierta y brutal contra la procuradora Alejandra Gils Carbó, a quien le han inventado causas y no han podido hacer nada hasta ahora. El gobierno de Macri intentó enviar a fiscales amigos a Brasil para pactar con otros de ese país y manejar juntos el caso de la empresa Odebrecht y el pago de sobornos en varios países y en Argentina.

Sin embargo recientemente el procurador general de Brasil Rodrigo Janot, vino a Argentina a reunirse con Gil Carbó y a actuar como corresponde a la Constitución de ambos países a través de las procuradurías.