El jefe te quiere a ti, ¿cuánto tienes para dejar ir a la vieja?, le dijo el policía judicial de Morelos a Catalino Martínez, detenido junto a su pareja por secuestro. Ahorita traigo 100 mil pesos, contestó. Ponle el doble, cabrón, repuso el agente. No los traigo, se disculpó. Y con una sonrisa de satisfacción, el judicial sentenció: Entonces los dos se van a chingar.

Así fue. María Luisa Villanueva Márquez fue condenada a 30 años de prisión por secuestro. Lleva 19 años en el Centro Estatal de Readaptación Social Morelos, por un delito que no cometió. Su causa penal, número 06/1998, quedó plagada de irregularidades, sin la mínima posibilidad de defensa por la pobreza extrema.

Su caso ha sido rescatado por el abogado en derechos humanos Eutiquio Damián Santiago, quien desde hace tres años lucha ante el Tribunal Superior de Justicia de Morelos por el reconocimiento de su inocencia.

La prueba más contundente de su inocencia que estamos presentando frente a este alegato ante el tribunal es la documental donde acreditamos que la procuraduría detuvo a seis personas por el secuestro del que se le acusa a la señora María Luisa; ellos reconocen que son autores del delito y a quienes se les incautan las joyas que fueron pagadas por el rescate, dice el abogado Damián Santiago, en entrevista con La Jornada.

El caso de Villanueva Márquez es uno entre cientos de personas inocentes que se encuentran recluidas en las cárceles de México sin acceso a la justicia. Es también uno, entre decenas, de las inocentes víctimas del Grupo Antisecuestros que operaba en ese entonces en Morelos, encabezado por el comandante Armando Martínez Salgado durante el gobierno de Jorge Carrillo Olea.

El montaje

La historia de María Luisa inicia el 6 de enero de 1998, cuando tenía 21 años. Se encontraba cenando en el restaurante Porki del poblado Galeana, en Zacatepec, en compañía de su entonces pareja, Catalino Martínez Jiménez.

Nueve policías con pasamontañas, entre los que se encontraban José Gudalupe Reyes Valentino, Fernando Paredes Meza y Edgar Chávez Rodríguez, entraron al lugar y sin orden de aprehensión fue privada de su libertad: Yo no sabía por qué se me detenía, sólo sabía que querían dinero para dejarme libre.

María Luisa fue puesta a disposición del Ministerio Público de Cuernavaca y soportó durante cuatro días las torturas en una casa de seguridad. Estuvo atada de pies y manos, con los ojos vendados: Los agentes declararon que me detuvieron el 10 de enero, pero fue cuatro días antes, tiempo que utilizaron para fabricarme el delito de secuestro.

Poco a poco se fue enterando que la acusaban de haber secuestrado a la niña Sara Saskia Seligman Carriazo, privada de su libertad el 22 de junio de 1997. Entre las pruebas y declaraciones fabricadas, los agentes presentaron un lote de joyas que la familia de la menor había pagado por el rescate y que los agentes habían encontrado un mes antes de la detención de María Luisa, en manos de otras personas involucradas en el plagio, identificadas por el padre de la niña.

El Grupo Antisecuestros dirigido por el comandante Armando Martínez Salgado también fabricó testigos de cargo de nacionalidad colombiana, como Ferrucio Asta Rodríguez, quien afirma que a las nueve de la noche vio a María Luisa en el coche donde iban cinco secuestradores de la niña: Es absurdo que en un vehículo en movimiento a las nueve de la noche haya visto a María Luisa. Es un testimonio falso por donde quiera que se le vea; es insostenible, dice el abogado Eutiquio Damián Santiago.

No sólo fue eso. También fabricaron pruebas, alteraron escenarios y se trajo a la menor de edad para que supuestamente la reconociera. El caso del secuestro fue radicado ante el juzgado mixto de primera instancia de la ciudad de Puente de Ixtla, en la averiguación SC/10ª/4004/97-06 y resuelto rápidamente por los agentes judiciales y el juez. Pero no hicieron el desglose correspondiente con el caso de María Luisa en la averiguación previa JT/4ª/2571/97-08, pese a que los altos mandos de la procuraduría tenían conocimiento de los hechos.

Este error judicial se ha traducido en un gran daño para mi vida. Mi caso es el paradigma oprobioso de la injusticia jurisdiccional que sufrimos en México. Llevo casi 20 años encarcelada por un delito que no cometí. Los mejores años de mi vida los he pasado en las mazmorras de esta prisión, dice sin poder contener el llanto.

Su abogado ha realizado una auténtica arqueología jurídica: El error central es que la procuraduría no desglosó la investigación del caso, no la canalizó a la antigua averiguación que ya tenían abierta del secuestro de la niña, y lo peor, mantuvo oculta la información, dice.

María Luisa es originaria de la comunidad rural El Ocotillo, sumamente pobre en Coyuca de Benítez, en la sierra de Guerrero, y nunca tuvo una defensa adecuada por falta de dinero que demostrara su inocencia.

En esa época varios servidores públicos fueron acusados de violar el debido proceso: Los jueces y el tribunal asignados a su caso tuvieron conocimiento de que la señora fue detenida con posterioridad a la aparición del lote de joyas. ¿Cómo es posible que aceptaran que fue a ella a quien le recogieron las joyas si ya estaban consignadas desde un mes antes? Pasaron por encima de toda lógica y privó el capricho.

Batalla por la inocencia

Damián Santiago exige el reconocimiento de la inocencia de María Luisa como consecuencia lógica y jurídica de que ella fue absolutamente ajena a los hechos: “Estamos demostrando que la señora es inocente. No tengo duda de que si los magistrados se apegan a los autos y a la prueba central que estamos aportando tendrán que decretar la inmediata libertad, con todo que se ha infligido un terrible daño a la señora.

Tienen que reconocer que efectivamente hubo un error de la procuraduría por no desglosar la investigación, un error del tribunal por pasar por encima una evidencia que ya tenían a la vista y no reconocer la fabricación de pruebas.

Con 20 años de abogado, Eutiquio Damián ha tocado todas las puertas posibles para buscar apoyo en favor de María Luisa, pero incluso organizaciones no gubernamentales en defensa de derechos humanos se han mostrado indiferentes ante el terrible caso de injusticia.

En Morelos hay en prisión bastantes personas inocentes, producto de fabricación de culpables, sobre todo de 1997 a 2000, por delitos de alto impacto como secuestro. Los policías judiciales estaban coludidos con bandas. Incluso hay un comité de familiares de presos inocentes.

María Luisa tiene ahora 41 años. Llora cuando recuerda que dejó en el abandono a sus hijos de 8 y 11 años, por culpa del encarcelamiento injusto que ha padecido: “Lo que más me ha dolido es haberme perdido los cumpleaños de mis hijos estos 19 años.

Ya estoy desesperada por este encierro injusto. Estoy esperando un perdón, aunque nunca será suficiente. Estoy esperando mi libertad, porque soy inocente y no soy la única en este lugar.

El 27 de octubre del año pasado, María Luisa presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Morelos, presidido por Verónica Cuevas López, y espera una resolución para que su caso sea ventilado en la sala del segundo circuito con residencia en Jojutla, Morelos, integrada por los magistrados Juan Emilio Elizalde Figueroa, Carlos Iván Arenas Ángeles y Luis Jorge Gamboa Olea.

Villanueva Márquez concluye: Lo más doloroso es que un juez se puede equivocar y por ello condenar a inocentes, pero cuando demostramos que somos inocentes, no hay castigo para ese juez que se equivocó.