n noviembre de 2015, el director general de Planeación y Desarrollo de Anuies, José Aguirre, estimó que los recursos para “sanear” los programas de pensiones en las universidades públicas estatales “deben” incrementarse para resolver el problema. “Lo deseable”, observó, es que el fondo “crezca”; que haya “plena” conciencia de que está siendo útil y que las universidades están haciendo un “gran” esfuerzo. Ellas, dijo, “tienen” mesas de negociación y concertación con los sindicatos, a los que se les han hecho llegar los estudios actuariales para compartir “la misma noción de riesgo”. ¿Cuántas mesas se instalaron? Y ¿qué calidad ostentan esos estudios? ¿quién los manufacturó?
Al decir de Aguirre ese fondo, destinado a reducir los pasivos contingentes, dispondría en 2016 de mil 500 millones de pesos –etiquetados en el Programa U081– y, aludiendo a una evaluación del Coneval, afirmó que el fondo “está contribuyendo” (desde 2002) a la reducción de pasivos contingentes: por cada peso invertido “se ha logrado reducir el déficit en 46.84 pesos”. ¿A qué costo para los trabajadores universitarios se lo ha reducido?
Y aún peor. Aguirre sostuvo que el fondo ha permitido “avanzar” en las reformas: 21 instituciones, puntualizó, “ya” modificaron su esquema de pensiones para la generación futura, y algunas, también para los “trabajadores actuales”. ¿A qué costo para ambas generaciones?
Un mes después, en otro foro Anuies, el actuario Francisco Aguirre –del despacho Valuaciones Actuariales– diagnosticó que “todas” las universidades públicas estatales tienen sistemas de pensiones “prácticamente” quebrados. Agregó que el problema financiero “más grave” es la deuda “oculta” a revelar. Que ¿él y su despacho calcularán? ¿ofreciendo “alternativas” como las que presentó –noviembre 2016– a la Universidad de Guanajuato y que han desatado un intenso diferendo por su impacto sobre los trabajadores actuales y, especialmente, los de nuevo ingreso? ¿o la valuación actuarial sobre la Universidad Michoacana –marzo 2017– que aglutinó en su contra a los dos sindicatos institucionales?
Según Francisco Aguirre, las universidades de Michoacán y Oaxaca tienen problemas más acuciosos porque “no” han modificado “en nada” su sistema de pensiones y precisó que en 21 universidades se modificaron los esquemas para las generaciones actuales y 27 para las futuras. Uno de los cambios, señaló, fue el salario regulador para que los trabajadores “no se jubilen con el último salario, sino con el promedio de los últimos cinco años”, justamente uno de los tema que ha despertado profunda inconformidad en su propuesta para la Universidad de Guanajuato.
En su opinión, los 12 mil millones de pesos que ha canalizado –durante los últimos 15 años– el Gobierno federal a las universidades son prácticamente “cacahuates” frente a un pasivo contingente de 300 mil millones de pesos. Que, por supuesto, él y su firma valuaron ¿no?: “estoy convencido de que, tarde o temprano, el Gobierno federal tendrá que entrarle al tema de las pensiones” y al gran nicho de estudios que para su firma representa!
En el mismo foro Jaime Valls, secretario general de Anuies, aseguró que si bien el mencionado fondo generó ahorros “casi de 50 por ciento a los sistemas de pensiones”, se requiere establecer un monto extraordinario de recursos para “atender” los pasivos contingentes actuales. ¿“Ahorros”? ¿para quién?
En diciembre 2015, el actuario Francisco Aguirre “reforzó” su argumentación en otro foro Anuies. Ahora razonó que, hoy día, las universidades destinan en “promedio” 30 por ciento de su presupuesto a los jubilados. “hay varios conflictos” en este tema, precisó, pero uno de los “principales” es que la ley permite a los servidores públicos –incluido el personal docente y administrativo de las universidades– retirarse a los 45 años de edad, lo que genera un “gran” gasto. Los jubilados universitarios representan “13” puntos del PIB. En sus cálculos, por supuesto!
Jaime Valls se pronunció por superar el enfoque de que cada institución, de forma aislada, atienda el problema y se opte por la atención integral a las universidades, convocando a todos los actores involucrados. Vieja iniciativa, finalmente retomada por su pertinencia, siempre y cuando, los estudios actuariales sean también obligadamente consensuados y licitados entre todos los actores involucrados, empezando por transparentar sus costos.
Una Asamblea General Extraordinaria de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), celebrada en Guanajuato el 3 de noviembre 2016 con el tema “Pensiones y Jubilaciones Universitarias”, concluyó signando el “Acuerdo de Guanajuato” que rechaza “enérgicamente” los recortes presupuestales para la educación pública y ante la posibilidad de un “colapso” financiero de “graves” consecuencias que viviría el país si no se atiende de “inmediato” el problema de las pensiones y jubilaciones universitarias. La ponencia magistral corrió al cargo del Actuario Francisco Aguirre. ¿Cómo defenderá la Contu –a los 92 sindicatos en ella federados y a sus más de 250 mil trabajadores– frente al desafío pensionario?
La “noción de riesgo” que la SHCP manufacturó frente a las fracasadas reformas IMSS (1997)-ISSSTE (2007) no puede ser asumida, ahora, por Anuies o despachos actuariales. El debate sobre pensiones universitarias, una de las cinco bombas activadas al interior del SAR, constituye un asunto público de urgente atención. La prioridad estratégica de la educación superior, impide reducirlo a valuaciones actuariales donde muchos pierden y pocos ganan. Ese debate debe conducir a una solución –con horizonte de largo plazo– a la altura de todos los actores involucrados en su futuro, especialmente la SHCP, y extendiendo la seguridad social integral a los jóvenes.
*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
