La defensa que hizo el Estado mexicano de la verdad histórica en la audiencia sobre Ayotzinapa, realizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), significa un recurso indigno que ofende a padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos y pasa por alto los estudios del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), afirmó Santiago Aguirre, subdirector del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Por su parte, Vidulfo Rosales Sierra, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, denunció que la insistencia gubernamental sobre la verdad histórica –de que los 43 normalistas habrían sido incinerados en el basurero de Cocula– evidencia que en el fondo se pretende proteger a políticos, como es el caso del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero, en lugar de llegar a fondo con la investigación.

El Estado mexicano, indicó, “busca una salida, la más fácil, para mantener la impunidad, mediante la cual pretenden encubrir a los funcionarios de alto nivel. Si se observa la narrativa, todo lo reduce al alcalde de Iguala (José Luis Abarca) y al grupo Los Guerreros Unidos; no han tocado a otros funcionarios públicos del gobierno federal”.

Además se menciona que “los estudiantes fueron detenidos por la policía municipal tanto de Iguala como de Cocula, que los entregan a Los Guerreros Unidos, que los asesinan e incineran. No hay responsabilidad de los policías federales, estatales, ni del Ejército Mexicano, todo fue construido para la impunidad”.

En su balance sobre la audiencia, Santiago Aguirre señaló que reivindicar la verdad histórica es una forma de regresar a posiciones que ya parecían rebasadas, debido a la falta de pruebas que las sustenten.

“Solicitan a las familias que acepten la ‘verdad histórica’, como si se tratara de un acto de fe, como si no existiesen los estudios del GIEI que científicamente demostraron la fragilidad de esa versión, o el trabajo pericial del equipo argentino de antropología forense”, que también echó abajo esa hipótesis, enfatizó Aguirre.

Al respecto, Rosales Sierra sostuvo que el nuevo mecanismo especial de seguimiento de la CIDH continúa trabajando y tiene una función mucho más acotada; ahora sólo dará seguimiento a las recomendaciones del GIEI, pero no tendrá facultades para investigar nuevas líneas.

Alertó que esta nueva etapa de lucha coloca a los padres de familia en un riesgo mucho mayor, una vulnerabilidad mayor, pero vale la pena seguir buscando a los muchachos, eso no va a detenerse.