A más de cinco años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el proceso de armonización jurídica en las legislaciones estatales no ha concluido; en cuatro entidades tienen apenas un avance mínimo, que oscila entre 18 y 36 por ciento, de acuerdo con los últimos datos de la Plataforma de Armonización Normativa, elaborada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Además, de las 11 disposiciones jurídicas que deben ser armonizadas por los estados, la obligación de organizar el sistema penitenciario con base en los derechos humanos, prohibir la discriminación motivada por preferencias sexuales y aplicar en todos los casos la norma que más beneficie a la persona, incluso si ésta proviene de un tratado internacional, son los principios que más retraso tienen en esta tarea de sincronización.

De manera particular, el organismo nacional destacó el muy bajo porcentaje de avance en la obligación de los estados por organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos; con 53.6 por ciento, es la cifra más baja del conjunto de disposiciones a hacer compatibles entre la Constitución federal y las de los estados.

Si bien reconoce que en 18 entidades existe un mandato expreso sobre el tema, señala que en las 14 constituciones locales restantes no se establece en forma alguna esta obligación del estado. Este muy bajo porcentaje parece ser congruente con la crisis existente en el sistema penitenciario que se vive actualmente en nuestro país, identifica el documento de análisis.

Asimismo, advirtió que mientras no se avance en esta tarea, será muy difícil contar con un sistema penitenciario basado en el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir.

La discriminación por preferencia sexual es el otro tema rezagado en esta armonización, con 73 por ciento. En 22 entidades se establece claramente que está prohibido cualquier acto de este tipo motivado por preferencias sexuales, pero en siete ni siquiera se hace mención alguna, y en tres más sólo se cita el término preferencias, pero se omite la palabra sexuales. En este último caso se encuentran estado de México, Nayarit y Tabasco.

En contraparte, la autonomía de los organismos locales de derechos humanos es el principio que mayor avance tiene, con 96.9 por ciento. Sonora es la única entidad federativa donde su Constitución no establece este principio, dado que ni siquiera se hace referencia alguna a esta institución.

Datos de la plataforma señalan que sólo 12 entidades han concluido ya el proceso, a otras 16 las ubica con avanzados y las cuatro restantes las identifica con importantes rezagos. Estas son Veracruz, con apenas un adelanto de 18.2 por ciento; Sonora, 27.3; Chiapas, 32.7, y Chihuahua, con 36.4 por ciento.

La directora general de Planeación y Análisis de la CNDH, Laura Gurza Jaidar, explicó que aun cuando la reforma constitucional aportó 21 nuevos principios, obligaciones y/o derechos en esta materia, sólo 11 de ellas son susceptibles de armonización en las leyes estatales.

Entre estos, dijo, están los principios pro persona –aplicar las normas más benéficas a la personas, aunque ésta provenga de un tratado internacional–, de progresividad, universalidad e indivisibilidad, así como la obligación del Estado de promover los derechos humanos en la educación que imparta, y garantizar la autonomía de los organismos de protección de derechos humanos, son sólo algunos de estos 11 principios.

Si bien señaló que no hay plazo para su conclusión, exhortó a gobernadores, legisladores y autoridades locales a concluir el proceso, y dijo que no sólo se requiere contar con buenas leyes, sino que éstas deben aplicarse adecuadamente.