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No se acreditó responsabilidad: juez; se exigirá recaptura: procuraduría

Liberan a ex edil implicado en la matanza de Allende en 2011
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de febrero de 2017, p. 24

Saltillo, Coah.

Un juez dejó en libertad al ex alcalde panista de Allende, Sergio Alonso Lozano Rodríguez, preso desde el 17 de noviembre de 2016 en el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras por secuestro agravado.

Lozano Rodríguez, quien era munícipe de Allende cuando en marzo de 2011 sujetos armados de Los Zetas secuestraron a familias completas y destruyeron más de 40 viviendas en esa localidad, recuperó la libertad el pasado viernes por la tarde, y se encontró con su esposa e hijos.

Un juez consideró que el Ministerio Público no logró acreditar la responsabilidad del ex funcionario panista en los hechos delictivos de Allende ocurridos en aquel año, cuando Los Zetas tenían el control de la zona norte del estado y dominbana ese municipio.

Lozano ocupó la alcaldía de enero de 2010 a diciembre de 2013 y según la procuraduría estatal y, testimonios de familiares de desaparecidos, permitió a Los Zetas cometer secuestros, levantones y homicidios.

En un comunicado, la procuraduría estatal manifestó su desacuerdo y anunció que promoverá el desahogo de más pruebas para cumplir con las exigencias procesales del órgano jurisdiccional, y en su momento solicitará una nueva orden de detención contra el ex edil.

Lozano Rodríguez era presidente municipal de Allende, Coahuila, cuando sucedieron los hechos delictivos de marzo de 2011, de los que obvio tenía conocimiento, además de presenciarlos, pues según constancias de la indagatoria se reunió antes con miembros de la delincuencia organizada y acordaron que éste y sus subordinados no intervendrían, señaló.

La dependencia precisó que el día de los hechos Sergio Lozano se encontraba fuera de su domicilio cuando los delincuentes irrumpieron en la vivienda de una de las familias afectadas, “sin realizar las acciones tendientes a evitar, en lo posible, la lesión al bien jurídico de las personas afectadas.

En el presente caso lo era la seguridad y la libertad personal, pues en su posición de presidente municipal tenía la obligación de garantizar la seguridad pública de los habitantes del municipio que gobernaba, aseveró la procuraduría.

La dependencia expuso que Alonso, al ser detenido al salir de su casa, y antes, en una declaración ante el MP el 6 de julio de 2012, manifestó que tuvo conocimiento de los hechos ilícitos que se llevaban a cabo.