Los secretarios de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, y de Marina, Vidal Francisco Soberón Sáenz, presentaron ayer a diputados y senadores los elementos mínimos que debe contener una ley de seguridad interior, que distinga la confusión entre seguridad pública con seguridad interior.

Dicha legislación –solicitaron los titulares de la Sedena y Armada– deberá considerar la función del Estado en la seguridad interior, e involucrar a todas las autoridades bajo los principios de legalidad, responsabilidad, respeto a los derechos humanos y gradualidad.

El procedimiento planteado por las fuerzas armadas, en un documento que se entregó a los legisladores, es definir las autoridades que intervengan y coordinen la participación de militares, acciones a desarrollar, áreas geográficas focalizadas, duración y forma de intervención armada que se determine.

Durante un desayuno, calificado de cordial por diputados asistentes, en la Defensa Nacional, las autoridades militares y navales solicitaron “legislar bien, pero también señalaron que serán respetuosos del Congreso si, finalmente, no se aprueba el marco legal.

Además sugirieron que el ordenamiento por elaborarse y dictaminarse no implique la sustitución de autoridades (civiles); no confundir seguridad pública con seguridad interior y no otorgar funciones de seguridad pública para las fuerzas armadas.

Los diputados y senadores asistentes al encuentro escucharon la exposición audiovisual de las autoridades militares que refirieron los conceptos de seguridad nacional, seguridad interior y defensa exterior.

En el documento Perspectiva general de la seguridad nacional en la legislación mexicana, y su especie la seguridad interior, y el posible contenido de una ley en la materia, se refirió que el artículo 21 de la Constitución subraya la obligación de preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Los altos mandos castrenses refirieron las coincidencias con las iniciativas de ley de seguridad interior presentadas por los diputados del tricolor, César Camacho Quiroz y Martha Tamayo, y los senadores Miguel Barbosa Huerta (PRD) y Roberto Gil (PAN): la función del Estado en la materia, intervención de todas las autoridades, principios de actuación, procedimiento expedito, límites a la autoridad, valoración de la situación actual (apoyo a las entidades federativas), y compromisos y obligaciones para la autoridad.

Asimismo, las diferencias, que se centran en no admitir una regulación exclusiva de las fuerzas armadas, asignar funciones de seguridad pública a las fuerzas armadas, procedimientos amplios y complejos y mezclan seguridad pública con seguridad interior.