Nueva York.

El presidente Donald Trump libró hoy su batalla legal para reactivar medidas antimusulmanas, prepara una mayor ofensiva antimigrante, impuso a una enemiga de la educación pública en el gabinete y ofreció más afirmaciones falsas como parte de sus ataques contra los medios.

Ante tres jueces de un tribunal federal de apelaciones, el gobierno de Trump argumentó la necesidad urgente de revertir el fallo de un juez federal que suspendió la orden ejecutiva que prohíbe temporalmente el ingreso de personas provenientes de siete países de mayoría musulmana y congela el ingreso de refugiados sirios. Insistió en que es un asunto de seguridad nacional.

La procuraduría general estatal de Washington, cuya demanda generó el fallo que congeló la medida de Trump, reiteró que la orden viola la Constitución. Ambos lados presentaron sus argumentos en una sesión telefónica durante una hora. Los jueces informaron que emitirán su decisión en los próximos días. El gobierno de Trump ha indicado que si no logra un fallo favorable, probablemente llevará el caso a la Suprema Corte.

Ante periodistas en la Casa Blanca, Trump afirmó que su orden ejecutiva es importante, ya que tenemos que tener seguridad. A la vez, continuó sus cuestionamientos al Poder Judicial, afirmando que algunas personas con intenciones equivocadas quieren quitarnos muchos de nuestros poderes.

Ningún ciudadano proveniente de esos siete países ha sido acusado de cometer un atentado terrorista en Estados Unidos.

A la vez, circulan informes de que Trump y su equipo –sobre todo el senador Jeff Sessions, que está en espera de su ratificación como procurador general– preparan más iniciativas antimigrantes, incluso contra inmigrantes legales. Trabajando con varias organizaciones que promueven mayores restricciones sobre la inmigración, aliados del presidente como el senador Tom Cotton están por presentar el primero de una serie de proyectos de ley para limitar cada vez más la inmigración legal.

Mientras tanto, Betsy DeVos fue ratificada como secretaria de Educación por el Senado con el margen más cerrado (un solo voto) donde, por primera vez en la historia, el vicepresidente de Estados Unidos –en este caso Mike Pence–, en su función de presidente del Senado, tuvo que superar el empate con su voto. En sus audiencias ante senadores DeVos comprobó no sólo su nula experiencia en educación pública, sino su desconocimiento de los temas fundamentales que estarán bajo su responsabilidad. Por eso dos senadoras republicanas rehusaron apoyarla. DeVos es considerada enemiga de la educación pública por su apoyo a iniciativas para privatizar el sector.

En otro ámbito, medios nacionales reportaron que Trump hizo declaraciones falsas (algunos agregaron otra vez) en una reunión con la Asociación Nacional de Alguaciles, en la cual reiteró –lo había dicho en su campaña– que la tasa de homicidios en nuestro país es la más alta en 47 años, y acusó que los medios no lo reportan como es. Sin embargo, según las estadísticas oficiales de la FBI, la tasa de homicidios está casi en su punto más bajo en medio siglo.

Después de que Trump afirmó el lunes que muchos atentados terroristas no han sido reportados por los medios, su vocero Sean Spicer presentó este martes, a insistencia de reporteros, una lista de 78 atentados para comprobar lo dicho por su jefe. Pero decenas de ellos fueron ampliamente cubiertos por los medios y la lista no incluye atentados terroristas contra poblaciones musulmanas –las que son por mucho la mayoría de víctimas– ni tampoco el atentado reciente en Quebec contra inmigrantes musulmanes perpetrado por un blanco, ni actos de terror cometidos por supremacistas blancos en este país.

Por otro lado, el gobierno de Trump anunció este martes que autorizará la fase final de la construcción del oleoducto Dakota Access en Dakota del Norte, el cual fue suspendido en los últimos días del gobierno de Barack Obama después del movimiento de resistencia indígena (y sus aliados sociales y ambientales) más grande de la historia reciente. Abogados de la nación siux de Standing Rock declararon su intención de combatir la orden en tribunales; uno de ellos, Han Hasselman, afirmó que la decisión de Trump continúa con el patrón histórico de promesas violadas a las tribus indígenas y violación de los derechos de tratados.