Juan Ontiveros Ramos, ambientalista del ejido de Choreachi, municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, fue asesinado por pistoleros que lo secuestraron el martes cuando circulaba en un vehículo por una brecha de la ranchería Los Flacos junto con su hermano Isidro, a quien los atacantes dejaron ir.

El cuerpo de Ontiveros Ramos, también comisario de policía de esa comunidad, fue hallado el miércoles.

Hace dos semanas fue asesinado el también ambientalista indígena Isidro Baldenegro López en el poblado Las Coloradas de la Virgen, municipio de Guadalupe y Calvo. Baldenegro López ganó en 2005 del Premio Goldman por su defensa del territorio indígena y del bosque.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental ha registrado 11 asesinatos de ecologistas en este municipio desde 1973, entre ellos el padre de Isidro, Julio Baldenegro, ultimado en 1986 por su oposición a la tala clandestina en la Sierra Madre Occidental.

Días antes de su muerte, Juan Ontiveros viajó a la capital de Chihuahua para una reunión con integrantes de la Alianza Sierra Madre, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y personal de la Secretaría de Gobernación, para abordar la situación de inseguridad y el conflicto territorial de su comunidad.

Juan Ontiveros Ramos, ambientalista indígena del municipio de Guadalupe y Calvo, fue asesinado el pasado martes. Días antes acudió a una reunión con autoridades para advertir sobre la inseguridad y los conflictos territoriales en su comunidadFoto Miroslava Breach

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que ya tiene identificados al autor material y a un cómplices, y agentes ministeriales los buscan. Reportó que el homicidio fue resultado de rencillas personales, según el hermano de la víctima.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Isidro señaló que los agresores interrogaron a Juan Ontiveros sobre el paradero de su yerno, a quien supuestamente buscaban para vengar un asesinato, y al no obtener información, mataron al activista.

El gobernador Javier Corral aseguró que la FGE está por ejecutar órdenes de aprehensión relacionadas con varios homicidios en la región serrana.

Más de 100 activistas y organismos no gubernamentales del país e internacionales emitieron un comunicado en el cual condenaron el secuestro y homicidio del activista indígena, muestra de la inacción del Estado mexicano ante la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara.