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Tropas han cometido abusos: activistas

Se agrava crisis en derechos humanos
 
Periódico La Jornada
Domingo 11 de diciembre de 2016, p. 14

A dos años de concluir, el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue reproduciendo las condiciones que han generado una crisis humanitaria en el país, ya que ha mantenido a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y no ha investigado los abusos que las tropas han cometido desde la declaración de guerra contra el crimen organizado en 2006, afirmaron organizaciones civiles en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos.

Fernando Ríos, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, lamentó que las desapariciones forzadas, las ejecuciones extrajudiciales, la tortura y otros abusos se hayan agravado en el actual sexenio, lo cual ha llevado al gobierno a caer en la tentación autoritaria de no sólo ocultar esta dinámica, sino incluso tratar de hacerla permanente.

Al no poder cumplir con aspectos como una preparación diferente para las policías, lo que se hace ahora es ignorar el diagnóstico de crisis de una serie de organismos nacionales e internacionales y crear estructuras que disimulen lo que está pasando, subrayó el activista.

Una de esas estructuras, abundó Ríos, es la creación de un marco jurídico para que las fuerzas armadas puedan seguir realizando labores de seguridad pública, sin importar que esta militarización haya generado múltiples violaciones a los derechos humanos y ni siquiera haya disminuido el poder de los grupos del crimen organizado.

Otro elemento de preocupación es el intento del Ejecutivo de imponer a quien va a dirigir por los siguientes 9 años a la Fiscalía General de la República, pues de esa forma podría condicionar su autonomía e impedir que investigue los delitos que cometan las fuerzas armadas en el ámbito de la estrategia de seguridad vigente.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana en Defensa de los Derechos Humanos, consideró por su parte que en el último tercio del sexenio de Peña Nieto el país sufre un proceso regresivo en materia de respeto a las garantías básicas, como continuación de lo vivido desde el gobierno de Felipe Calderón.