El rechazo del dictamen que pretendía reformar la Constitución federal en materia de matrimonio igualitario no es una derrota, sólo demuestra que los derechos humanos de la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales (LGBTTI) no son una prioridad para el Congreso, afirmaron colectivos de la diversidad sexual. La asamblea consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) expresó que no aprobar la iniciativa es un golpe a los derechos de esa comunidad.

La organización México Igualitario aseguró que la decisión no afecta la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ni invalida los casamientos en todo el país.

Al respecto, Alejandro Brito, director del suplemento Letra S, publicado por La Jornada, señaló que la próxima semana organizaciones que reivindican los derechos de la comunidad se reunirán. No nos van a detener, seguiremos organizándonos para promover (la iniciativa) en los estados. Lamentó que los diputados del PRI no hayan apoyado el proyecto que anunció el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 17 de mayo durante el Día Nacional de Lucha contra la Homofobia.

Sus argumentos, entre ellos la soberanía de los estados, son vergonzosos. Lo único que tenían que hacer era elevar un criterio de la SCJN a rango constitucional, que es la no discriminación, que ya está en el primer artículo de la Carta Magna, sólo era extenderlo a la figura del matrimonio.

Presiones de la jerarquía católica

En ese sentido, comentó que el tricolor pone en riego el Estado laico ante las presiones de la jerarquía católica y de grupos conservadores. El PRI se está aliando al Partido Encuentro Social, que ha encabezado las protestas en rechazo y está muy vinculado a una religión, sólo que se escuda en la tesis jurídica de que por tratarse de un asunto de registro civil su regulación corresponde a los estados.

El Conapred afirmó que con estas acciones de los legisladores, México pierde la oportunidad de armonizar sus leyes para que todas las personas libres e iguales en derechos y dignidad puedan contraer matrimonio sin discriminación, como lo mandatan los artículos primero y cuarto de la Constitución.

Reiteró que fomentar la discriminación hacia las personas por su condición u orientación sexual y de género, así como pretender excluir a las familias que no reproducen el modelo nuclear tradicional que ha prevalecido en la tendencia de la votación, constituye una expresión que divide y reproduce estereotipos que lesionan el tejido social y la construcción y fortalecimiento de un México más igualitario y en paz.

La iniciativa presidencial proponía reconocer este derecho para que todas las personas pudieran contraer matrimonio, sin importar origen étnico o nacional, género, discapacidades, condiciones social y salud, religión, preferencias sexuales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, lo anterior, agregó, en armonía con estándares internacionales de derechos humanos y jurisprudencia de la SCJN.