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Quedaría vetado en el mercado europeo

Denuciarán a Grupo México en La Haya
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Alfonso Durazo, dirigente del partido Morena en Sonora; Jana Lakacova, vicepresidenta de la Fundación Pérez Esquivel; Alfredo Rojas, defensor de derechos humanos; Mario Perín, miembro de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales de Venecia, y Reyna Longoria, científica de la Universidad de Sonora, durante la conferencia de prensa que ofrecieron ayer en el auditorio Rivera Zamudio de esa institución educativa sobre las repercusiones ambientales del derrame de sulfato de cobre acidulado en el río SonoraFoto Cristina Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 1º de noviembre de 2016, p. 27

Hermosillo, Son.

Científicos e investigadores exigirán ante la Corte Internacional de La Haya el cierre total de la mina Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de Germán Larrea, por daños en flora, fauna y pobladores a causa del derrame de tóxicos sucedido en agosto de 2014 en el río Sonora.

Una misión de observadores internacionales recorrió la zona afectada por el derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado provocado por Grupo México, y adelantó que analizará el agua de la región y denunciará al consorcio minero ante la Corte Internacional para evitar que Europa importe sus productos.

Mario Antonio Perín, miembro de la Academia Internacional de Ciencias Ambientales, con sede en Venecia, Italia, y Jana Lakacova, vicepresidenta de la Fundación Pérez Esquivel, realizarán un análisis de los restos de contaminantes, y lo expondrán ante la Corte Internacional con el afán de exigir el cierre total de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora, hasta que la empresa remedie los daños que causó.

En conferencia de prensa, Perín y Lakacova dieron a conocer que recabaron pruebas de análisis presentados en abril pasado por especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes constataron que los tóxicos en el río Sonora llegaron de Cananea a Hermosillo sin alertar a la población y sin sancionar a la empresa de Germán Larrea Mota Velasco.

Perín y Lakacova indicaron que dos años después del derrame aún hay rastros de contaminación en los ríos Bacanuchi y Sonora, pues no se hizo la remediación a fondo en las aguas ni en las tierras; se ha negado atención médica a la población y se les ha dejado sin agua para consumo humano. Lakacova consideró sorprendente que los pobladores digan que prefieren vivir entre narcotraficantes que entre minas.

Acompañados por dirigentes sociales, activistas por los derechos humanos y científicos de la Universidad de Sonora, los expertos en ecología indicaron que aún falta limpiar debidamente el río Sonora, instalar plantas tratadoras de agua y construir un hospital epidemiológico especializado.

Mario Perín dijo que todavía no se puede cuantificar el nivel del daño que persiste en el río, y anunció que por medio de satélites europeos se estudiará la zona afectada.

Hemos tenido nula ayuda del sector público. Estamos dispuestos a ver dentro de la empresa, pero si no ofrecen información, no hay problema, ya que contamos con satélites con los que podremos hacer la inspección, indicó.

Expuso que los resultados del dictamen actual y del que realizarán los satélites serán entregados a la Corte Internacional de La Haya, así como a la Comisión Europea de los Derechos Humanos. Apuntó que de encontrarse evidencias del daño ambiental se gestionará un embargo comercial contra Grupo México en el mercado de Europa.