México no podrá avanzar en la lucha contra el contrabando y la piratería si no fortalece sus instituciones y acaba primero con una cultura social, que ve positivo el consumo de productos apócrifos, coincidieron dirigentes empresariales.

¿Cómo podemos resolver el problema del contrabando y la piratería si nuestras instituciones se están pudriendo y ni siquiera son capaces de garantizar la seguridad de los ciudadanos?, dijo Roberto Castañeda Franco, presidente de la Asociación de Artículos Deportivos AC.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Enrique Guillén Mondragón, señaló que terminar con la cultura del consumo de productos piratas en la sociedad representa un reto incluso mayor que la simple persecución del delito, pues junto con el contrabando son ilícitos que para realizarse requieren una cadena de procedimientos deshonestos, que implican corrupción e incluso deslealtad a México.

Durante la inauguración del primer diálogo para el combate del contrabando y la piratería, el dirigente recordó que de acuerdo con estimaciones del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (Cidac) el Estado mexicano perdió poco más de 6 mil millones de pesos en 2014 (último dato disponible) sólo en IVA a causa de la piratería, y que el mercado total de dichos productos generó pérdidas al país por 43 mil millones de pesos en ese lapso.

Agregó que según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015 el costo nacional derivado de la inseguridad y el delito fue de 236 mill 800 millones de pesos, lo que equivale a 1.25 por ciento del producto interno bruto (PIB).

Es un costo que no podemos tener el lujo de incrementar en una economía en que, cuando mucho, se estima un crecimiento de 2.1 por ciento para este año, dijo.

Cristóbal Mariscal, de la comisión para la industria de vinos y licores de Canacintra, dijo que las excesivas cargas fiscales incrementan los precios de los productos originales y favorecen el contrabando y la piratería.

Destacó que en el país, 53 por ciento del precio que se paga por una botella son impuestos, lo que favorece que de los 48 millones de cajas de bebidas alcohólicas que se consumen, poco más de 30 millones están en la formalidad y más de 17 en la informalidad.

José Manuel Martínez Cabrera, director general de la Cámara del Vestido, sostuvo que uno de los principales problemas es que la piratería es un delito socialmente permitido, a la vista de todo el mundo. Donde seguimos topando es en corrupción e impunidad y mientras no haya un mensaje claro en el tema de que no se tolera la impunidad, no podremos avanzar, sostuvo.