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Pobladores mantienen cerrada la planta

Niega Goldcorp violación de acuerdos en Mazapil
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de octubre de 2016, p. 31

Zacatecas, Zac.

Unos 200 transportistas y decenas de ejidatarios de 10 comunidades rurales mantuvieron bloqueada por décimo día consecutivo la mina de oro Peñasquito, del consorcio canadiense Goldcorp.

Sin embargo, la compañía niega haber incumplido los convenios firmados con las comunidades e intruyó a Luis Enrique Ramírez Meza, representante legal de Peñasquito, interponer una denuncia penal en contra de los choferes, asociados en la empresa Construcciones Industriales y Transportistas SA de CV.

El paro en la principal mina de oro de México continúa a pesar de que la madrugada del martes 400 policías estatales, ministeriales y de tránsito intentaron desalojar a los manifestantes. Los policías sólo lograron reabrir el acceso principal del complejo.

La madrugada del lunes 26 de septiembre ejidatarios y transportistas iniciaron el bloqueo de los siete accesos del complejo minero ubicado en el semidesierto del valle de Mazapil, para exigir a la empresa que cumpla los acuerdos que, ante funcionarios gubernamentales como testigos, firmó con habitantes de las comunidades aledañas a la mina en 2009. Entre los convenios destaca la construcción de una clínica-hospital.

Peñasquito acusa a los inconformes de bloquear con sus camiones todos los accesos a la mina y de haber retenido ilegalmente a 741 trabajadores, de los cuales 141 sufren afectaciones a su salud.

María de Lourdes Monroy Rivas, juez de control y tribunal de enjuiciamiento del Poder Judicial del estado, emitió una orden de desalojo e instruyó a Vianey Ayerim Zavala Gamboa, agente del Ministerio Público adscrita al distrito judicial de Concepción del Oro, para que, acompañada de la fuerza pública, liberara las instalaciones y a los secuestrados.

Sin embargo, los transportistas y ejidatarios, acompañados por su abogado, Alfredo Saucedo Martínez (ex ejecutivo de Peñasquito), demostraron que no existió el supuesto secuestro.

No obstante, cientos de policías estatales permanecen fuera de la mina, al lado de los inconformes que esperan respuesta de la minera a sus demandas.