El proyecto de constitución política de la Ciudad de México que entregó el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, a la Asamblea Constituyente, plantea entre los debates centrales para ese cuerpo legislativo determinar las facultades que tendrán las alcaldías, hoy delegaciones, al dejar de ser órganos unipersonales e integrarse por un titular y un consejo que supervisará y evaluará acciones de la administración, el ejercicio del gasto y la aprobación del presupuesto.

El documento les confiere de entrada competencia en materias de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, así como protección civil, promoción económica, cultural, deportiva, bienestar colectivo y seguridad ciudadana.

Les otorga la facultad de asociarse con alcaldías o municipios vecinos de otras entidades para la mejor prestación de servicios mediante convenios que definan los recursos materiales, humanos o financieros que corresponderá aportar a cada parte.

En sus artículos transitorios se indica que el jefe de Gobierno tendrá la facultad exclusiva de presentar a la Asamblea Legislativa (ALDF) la iniciativa de ley relativa a la organización, funcionamiento y competencia de las alcaldías, así como de las que normarán a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

En materia de justicia, el proyecto prevé modificar la integración y funcionamiento del Poder Judicial con la creación del tribunal constitucional como máximo órgano local de interpretación de la constitución, encargado de garantizar su defensa, integridad y supremacía.

Tendrá a su vez juzgados tutelares en las demarcaciones territoriales, el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de la Judicatura, un centro de justicia alternativa y de conciliación, un organismo de servicios periciales y forenses, en tanto que la actual procuraduría capitalina se transforma en una fiscalía general de justicia, dotada de autonomía.

En el Consejo de la Judicatura, su composición se modifica y los consejeros deberán ser aprobados por el Congreso local a partir de ternas propuestas por un consejo judicial ciudadano, mismo procedimiento que se plantea para designar al fiscal general.

Creación de consejos ciudadanos

El proyecto propone el fortalecimiento de los organismos autónomos y la democratización de la designación de sus titulares e integrantes, al eliminar las cuotas partidistas en estos nombramientos, también con la creación de consejos ciudadanos honoríficos especializados para proponerlos al Congreso local.

Tal es el caso de la actual Comisión de Derechos Humanos que se transforma en la Defensoría del Pueblo, que podrá establecer juicios de restitución obligatoria de garantías para el cumplimiento de sus recomendaciones y presentar denuncia de juicio político ante el Congreso por casos graves de violación.

En la exposición de motivos, Mancera sostiene que no es un documento complaciente, sino progresista, inscrito dentro del constitucionalismo social contemporáneo y las tendencias normativas más avanzadas; en el que todos los grupos sociales vean reflejadas sus agendas, demandas y derechos; supone la corresponsabilidad de los ciudadanos y que todos los derechos son exigibles y justiciables, así como una renovación institucional que no genere costos excesivos.