Agrupaciones internacionales como la Red Justicia por VIH en Todo el Mundo y Proyecto Sero, Red Mundial de Personas Viviendo con VIH, entre otras, entregaron ayer una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que exhortan al máximo tribunal del país a que declare inconstitucionales las reformas hechas al Código Penal de Veracruz, las cuales criminalizan la transmisión del VIH/sida.

En conferencia de prensa, aseveraron que esa legislación estigmatiza a las personas con infecciones de transmisión sexual (ITS). El 4 de agosto de 2015, el Congreso del estado aprobó la modificación al artículo 158 del Código Penal de la entidad con la finalidad de adicionar el término ITS, que no estaba considerado originalmente en el documento.

Entre dichas ITS incluye el virus del papiloma humano e indica una pena que va de los seis meses a los cinco años de prisión y multa hasta de 50 días de salario mínimo para quien de forma dolosa infecte a otra persona con alguno de estos padecimientos.

La reforma busca prevenir la transmisión, principalmente a mujeres y niñas. No obstante, las organizaciones afirman que la evidencia muestra que este tipo de leyes lejos de resolver el problema lo acrecientan.

Patricia Ponce, profesora y especialista del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (unidad Golfo) e integrante del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz, señaló que la intención de la misiva es sensibilizar a los ministros. Allí se les dicen los inconvenientes de criminalizar el VIH. Se les dan argumentos científicos y sociales en contra de la criminalización y que vean que los ojos del mundo están en contra de este tipo de acciones.

Recordó que el 16 de agosto pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respondió a la petición del Grupo Multisectorial en VIH/sida e ITS del estado de Veracruz e interpuso una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma en la SCJN. Esperamos que la resolución sea favorable en contra de la criminalización, y si no fuera así, procederemos a nivel internacional. Estamos en espera de la respuesta de la Corte y nos han dicho que no hay fecha para ello.

Ricardo Hernández Forcada, director del Programa de VIH/Sida y Derechos Humanos de la CNDH, comentó que la comisión puede revisar y en su caso promover la acción de inconstitucionalidad ante la Corte, pero en 31 estados ya se prevé la criminalización de la transmisión de enfermedades transmisibles en periodo infectante de manera dolosa.

En Veracruz viven unas 8 mil personas infectadas con VIH, 61 son mujeres embarazadas, 175 niños están en tratamiento.

Sean Strub, director ejecutivo de Proyecto Sero, planteó que la disyuntiva es prevenir la transmisión de VIH o perseguirla judicialmente. Lo que no podemos es hacer las dos cosas al mismo tiempo. Añadió que cuando se criminaliza a un sector de la población siempre hay consecuencias.

Las organizaciones sociales veracruzanas buscan tener una reunión con el gobernador electo Miguel Ángel Yunes para tratar el tema.