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El presidente en funciones está cerca, pero aún sin la mayoría de votos en el Congreso

Los derechistas PP y Ciudadanos firman acuerdo para la investidura de Rajoy

Piden la abstención del PSOE en la sesión de mañana para salir de la parálisis de gobierno

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Mariano Rajoy (del PP) y Albert Rivera (Ciudadanos) tras la firma, ayer, del acuerdo que garantiza al presidente del gobierno en funciones presentarse mañana a la sesión de investidura con 169 votos seguros, a sólo siete de alcanzar la mayoría absolutaFoto Afp
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de agosto de 2016, p. 26

Madrid.

Los derechistas Partido Popular (PP) y la formación emergente Ciudadanos firmaron este domingo un acuerdo de investidura que garantiza a Mariano Rajoy, presidente en funciones que aspira a la relección, presentarse a la sesión de investidura de este martes con al menos 169 votos a favor, a sólo siete de la mayoría absoluta.

Ambos partidos insistieron en presionar al líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, para que facilite la investidura y se logre desbloquear la parálisis institucional con la abstención de su formación, a lo que hasta el momento se niega rotundamente.

Rajoy se someterá a la sesión de investidura en el Congreso de los Diputados este martes, en la que ya tiene seguros los votos de los 137 diputados del PP y los 32 de Ciudadanos. En los próximos días cerrará un pacto similar con la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, con lo que sumará al menos 170 votos a favor. Esta cifra sigue siendo insuficiente para alcanzar los 176 escaños de la mayoría absoluta, con lo que de fracasar la investidura España estaría obligada a convocar nuevas elecciones, es decir, las terceras en menos de un año.

El Parlamento español está fragmentado en cuatro grandes bloques, y para sacar adelante la investidura es necesario un pacto de al menos tres de las cuatro formaciones hegemónicas. El PP tiene 137, el PSOE 85, Unidos Podemos 69, y Ciudadanos 32. El resto de los escaños, hasta sumar 350, pertenecen a las formaciones nacionalistas vascas y catalanas, que al día de hoy han rechazado cualquiera de las opciones de investidura presentadas, tanto la liderada por el PP como por el PSOE.

Albert Rivera, líder de Ciudadanos, quien se había presentado a los comicios con la promesa de luchar contra la corrupción e impedir a como diera lugar que el futuro gobierno estuviera presidido por Mariano Rajoy, rectificó y presentó un acuerdo que calificó de histórico, en el cual ambos partidos se comprometieron a impulsar al menos 150 medidas o reformas que afectarán todos los rubros de la vida pública. Uno de los más importantes será la comisión parlamentaria con la que pretende investigar el financiamiento ilegal del PP durante las últimas tres décadas, que además coincidirá con el proceso penal abierto contra la propia formación y contra el que fuera su contador durante 20 años, Luis Bárcenas.

PP y Ciudadanos también acordaron reformar la legislación laboral para simplificar los sistemas de contratación, dejar fuera de las reformas los recortes en servicios públicos y política social, la aprobación de una nueva renta social para las familias con menos recursos, el aumento de los permisos de maternidad y paternidad, y además se comprometieron a recuperar alrededor de 2 mil 800 millones de euros que se dejaron de recaudar con la reciente amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Rajoy para fortunas que estaban en paraísos fiscales.

Otro rubro destacado del acuerdo es la despolitización de la justicia, con un compromiso de modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial con la que se pretende sacar a los partidos políticas del poder de decisión del nombramiento de los dirigentes de los órganos judiciales.

El pacto para la investidura de Rajoy equivale a una inversión de unos 29 mil millones de euros repartidos a lo largo de cuatro años hasta 2020.

Rajoy manifestó su satisfacción con el acuerdo, pero también admitió que aún no tenía los votos suficientes para ser investido, con lo que volvió a exigir al socialista Pedro Sánchez que desbloquee la situación con su abstención. Un posibilidad que es remota y que si se mantiene firme durante la inminente sesión de investidura se tendría que convocar a nuevas elecciones generales si en un plazo de dos meses no se elige un nuevo gobierno. Un escenario que cada día cobra más fuerza.