En desacato de la orden de un tribunal federal, la trasnacional PKC Arneses y Accesorios se ha negado a cumplir un laudo y reinstalar a empleados que despidió injustificadamente hace cuatro años. Incluso en las semanas recientes ha cesado a más de 500 obreros, por lo que integrantes del Sindicato Nacional de Mineros llevaron a cabo ayer un mitin en sus instalaciones, ubicadas en Ciudad Acuña, Coahuila.

La protesta por la defensa de los derechos laborales y humanos de los trabajadores de PKC es la primera que se lleva a cabo en varios años en esa ciudad, en la que abundan las maquiladoras, informó el sindicato que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.

Desde temprana hora los manifestantes se apostaron en las inmediaciones de una de las cinco plantas que tiene este consorcio finlandés, cuya producción exporta a Estados Unidos y otros países.

En pancartas y consignas los obreros reclamaron que la empresa ha hecho caso omiso de la orden que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje emitió en favor de los despedidos, cuya reinstalación instruyó en marzo de 2015. Pidieron además que frene la sobrexplotación que comete el consorcio contra los trabajadores mexicanos.

El sindicato minero demandó la titularidad del contrato colectivo de trabajo de PKC Arneses y Accesorios, el cual detenta un gremio de protección de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y en las próximas semanas se llevará a cabo un recuento. Por ello la empresa –que en Finlandia tiene el primer lugar de cumplimiento de derechos laborales– en Acuña ha arreciado las amenazas contra los trabajadores que reclaman su libertad sindical y lleva tres semanas realizando despidos masivos forzados, sobre todo de quienes considera son simpatizantes del gremio minero.

Luego del mitin de ayer, obreros encabezados por el secretario general de la sección 307 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Alejandro Ojeda, y el segundo vocal del consejo general de vigilancia de este gremio, Jesús Armando Velázquez, entregaron una carta a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Acuña, en la que denuncian que PKC Arneses lleva más de un año en desacato del laudo de la JFCA. Además, sostuvieron, violando leyes nacionales y convenios internacionales impide la libertad sindical; presiona a los obreros para que apoyen a la CTM y los capacita para que estén contra el sindicato minero, y en complicidad con el sindicato blanco convirtió a 19 empleados de confianza en delegados sindicales para incidir en los trabajadores.

En la carta denunciaron además que a los 500 despedidos no les entregó copia de su liquidación forzada. A las obreras que son madres solteras –sostienen– las amenazan con despedirlas si apoyan al gremio que dirige Gómez Urrutia; les dicen que deben votar en favor de la CTM y a cambio les darán una despensa mensual. A los trabajadores en general les advierten que perderán su empleo si apoyan al sindicato minero.

Demandaron ante la junta la reinstalación de los despedidos de manera injustificada, que cese la persecución contra los simpatizantes de este gremio minero, detener los despidos multitudinarios y asignar la fecha del recuento.

Los trabajadores hicieron un recuento de las violaciones laborales cometidas en México por este consorcio: salarios de miseria de 120 pesos diarios en promedio (3 mil 600 pesos mensuales), apenas arriba del mínimo; la imposición del sindicato blanco; falta de condiciones de seguridad e higiene; que los trabajadores pasan de pie toda la jornada laboral y no pueden ir al baño sin permiso –sólo pueden ir dos veces al día– ni los dejan tomar agua; les trucan sus vacaciones y despiden a las embarazadas.

El Sindicato Nacional de Mineros ya presentó sendas denuncias por las violaciones cometidas por esta empresa ante la Cámara de Diputados y el Senado, sobre todo porque Tereso Medina, el líder del gremio de protección, ahora es senador por Coahuila y ha aceptado este trato inhumano para los trabajadores.