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Elimina la obligación empresarial de presentar declaraciones patrimonial y de ingresos

Consuman PRI, PAN y Verde aprobación del veto de Peña Nieto a la ley 3 de 3

El mandatario ‘‘dobló las manos’’ ante el poder privado, señalan senadores de PRD y PT

 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de julio de 2016, p. 9

En sesión extraordinaria, la mayoría de PRI, PAN y PVEM en el Senado aprobó el veto del presidente Enrique Peña Nieto al artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades, mejor conocida como ley 3 de 3, que elimina la obligación de los empresarios de presentar sus declaraciones patrimonial y de ingresos.

Las observaciones del mandatario federal tuvieron 80 votos a favor, 19 en contra y cuatro abstenciones. Durante el debate, que se prolongó casi cinco horas, senadores de PRD y PT advirtieron que con ese veto el Presidente de la República ‘‘dobló las manos’’ ante el poder empresarial, pero reconocieron también que todas las leyes son revisables.

Le demandaron, por ello, que así como atendió a los empresarios escuche también a los maestros y acepte que se revise la reforma educativa.

‘‘Se requiere de sensibilidad política para reconocer que esa reforma no funciona. Qué bueno que pudiéramos hacer ya su revisión, evaluar a los evaluadores y que el magisterio mexicano tuviera el mismo tratamiento que los empresarios’’, recalcó el senador Alejandro Encinas (PRD), petición que fue también planteada en tribuna por varios perredistas y por los petistas Layda Sansores y Héctor Menchaca.

Diversas voces desde el gobierno federal, incluido el Presidente, han repetido que la ley no se negocia; sin embargo, para la cúpula empresarial, que ‘‘tiene derecho de picaporte’’, la legislación anticorrupción sí se negocia’’, recalcó Dolores Padierna (PRD).

Insistió: ‘‘Bastó una manifestación impulsada por los magnates, y que el gerente de OHL diera un manotazo en la mesa, para que Peña doblara las manos’’.

A su vez, Raúl Morón apuntó: ‘‘No es ético ni justo ni equitativo actuar por la presión de un grupo de empresarios que ostentan el poder económico del país e ignorar a miles de voces allá afuera, tanto a nivel nacional como internacional, que piden con argumentos que se revise y modifique la reforma educativa’’.

Los legisladores de PRD y PT deploraron además que Peña Nieto haya eliminado la obligación empresarial de transparentar su riqueza y sus posibles conflictos de interés, en lugar de sólo modificar la redacción del artículo 32, para que los particulares que hacen negocios con el gobierno no estén exentos de la ley 3 de 3.

En cambio, priístas y verdes consideraron pertinente el veto y aseguraron que no se deja fuera a los empresarios del Sistema Nacional Anticorrupción. Pablo Escudero (PVEM), quien estuvo al frente de las negociaciones, sostuvo que hay otros ordenamientos dentro de la misma Ley General de Responsabilidades que pueden impedir acciones corruptas de particulares.

El presidente de la Comisión Anticorrupción recordó que se incluyeron sanciones administrativas, como suspensión de actividades y disolución de la sociedad, así como penales, de hasta 14 años de prisión, por cohecho.

Al hablar en nombre del PRI, la senadora Lisbeth Hernández Lecona esgrimió argumentos similares, pero Dolores Padierna recalcó que eso no es suficiente en momentos en que se ha recrudecido la corrupción entre gobernantes y empresarios.

Su propuesta de modificar la redacción del artículo 32, a fin de que los particulares que se han enriquecido con concesiones y entrega de empresas públicas estén obligados a presentar sus declaraciones patrimonial y de ingresos, fue rechazada.

Por su parte, los senadores del PAN que apoyaron el veto –a excepción de Raúl Gracia y José María Martínez, quienes se abstuvieron– rechazaron que el Presidente haya corregido al Congreso. Sin embargo, la panista Marcela Torres Peimbert pidió reconocer que Peña Nieto les enmendó la plana ‘‘por una muy desafortunada redacción y un corto entendimiento de lo que significa la rendición de cuentas de los servidores públicos’’.

Al respecto, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, advirtió que el veto presidencial es ‘‘una farsa que exhibe el sometimiento del Legislativo ante Peña Nieto.

La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados, con lo que prácticamente concluyó el periodo extraordinario en el Senado. Su presidente, Roberto Gil (PAN), dijo que en caso de que la colegisladora haga cambios se citará a otra reunión.