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Consideran inconstitucional dictamen avalado en San Lázaro

Senadores dan marcha atrás a la miscelánea penal de los diputados
 
Periódico La Jornada
Martes 14 de junio de 2016, p. 15

El Senado le enmendó de nueva cuenta la plana a la Cámara de Diputados y eliminó varios cambios hechos en San Lázaro a la miscelánea penal, por considerar que son inconstitucionales, entre ellos la pretensión de retrasar la entrega de detenidos al Ministerio Público.

En una sesión de apenas 20 minutos, los integrantes de las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos aprobaron con cambios reformas a 10 ordenamientos, a fin de adaptarlos al nuevo sistema de justicia penal acusatorio, que estará vigente desde el próximo sábado.

En el dictamen avalado, los senadores advierten que llevaron a cabo 20 cambios a la minuta que les remitió la Cámara de Diputados, a fin de precisar los derechos del imputado, permitir su acceso y el de su defensa a los registros de investigación y a contar con un defensor público en caso de carecer de defensa privada.

Durante la discusión, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, consideró que aunque ya se modificó el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), a fin de que la prisión preventiva no exceda de un año y no se prolongue los dos años que plantearon los diputados, se requiere seguirlo revisando.

La senadora Dolores Padierna explicó que se modificó también el artículo 314 de ese mismo código, que limita la posibilidad del inculpado o de su defensa para desahogar pruebas en el plazo constitucional de 72 horas.

Los diputados, detalló la senadora del PRD, determinaron que las 72 horas sólo operan cuando se trata de delitos que ameritan medidas cautelares de prisión preventiva, lo que es un principio discriminatorio, al permitir a algunos presentar pruebas y a otros no.

Esto último quedó como reserva y se desahogará mañana ante el pleno del Senado. El dictamen que ayer se aprobó en comisiones considera modificar el artículo 291 del CNPP, que permite la intervención de las comunicaciones privadas cuando el Ministerio Público Federal lo considere pertinente para la investigación.

La intervención, se establece, puede presentarse en tiempos reales, incluso con la localización geográfica o entrega de datos conservados por los concesionarios de telecomunicaciones.

Hoy se discutirá el dictamen ante el pleno con las reservas planteadas por el PRD y el PRI.